RELACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XX

18 Mar

Pensamientos sobre La Criminalización de la guerra por Danilo Zolo

Recién acabada la Primera Guerra Mundial (1918), la cual era considerada hasta la fecha como “La Gran Guerra” o “la guerra de las guerras”,  ya que produjo más de 18 millones de muertos, fue establecida de 1919 a 1920 la Sociedad de las Naciones, la cual tenía como objetivo garantizar la paz mundial y re-organizar las relaciones internacionales una vez acabada la primera guerra mundial. El establecimiento de la Sociedad de las Naciones da comienzo al agotamiento de un ordenamiento mundial de estados-naciones soberanos (Sistema Westfaliano) y establece un ordenamiento supraestatal, universal y global .

En La criminalización de la guerra, Zolo nos explica como, según Carl Schmitt en Der Nomos der Erde, la creación de una institución universalista y wilsoniana como lo fue la Sociedad de las Naciones, consistió en el principal instrumento para la  negación jurídica de la guerra, ya que debilitó el ius public europaeum (derecho público europeo) y rechazó el principio westfaliano del derecho a una guerra interestatal.

Para Schmitt el fracaso del la Sociedad de las Naciones se debe a la negación de la guerra en el plano jurídico, lo cual no creó una limitación efectiva de ésta sino que inspiró un regreso a las ideas medievales de la “guerra justa” (bellum iustum) o “agresión justa”, iniciadas principalmente por Francisco de Vitoria . Sin embargo, con ésta doctrina Vitoriana, la cual es considerada la precursora del Derecho internacional moderno , Schmitt considera  que el enemigo ya no es un iustus hostis (enemigo justo) sino un “criminal” que hay que aniquilar. De éste modo se deshumaniza al enemigo, se usan los métodos necesarios para eliminarlo; y se anulan las garantías que el derecho internacional europeo había concedido a los “estados en guerra” a favor de un derecho general y universal. A su vez define negativamente la noción de agresión con el objetivo de criminalizar la guerra. Según Schmitt dicho método destruyó un “fatigoso trabajo jurídico”  europeo, como lo fue la Paz de Westfalia, que mantuvo la paz, durante más de dos siglos en territorio europeo.

No obstante, si bien la Paz de Westfalia fue un gran logro jurídico europeo, que requirió casi cuatro años de negociaciones , Schmitt descarta el fracaso de la Paz de Westfalia en prevenir las graves consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y la necesidad de un pensamiento que incluyera un nuevo ordenamiento mundial y una prevención de guerras tan atroces a nivel mundial.

Éste nuevo sistema universal y genérico, como lo fue la Sociedad de las Naciones, deja atrás las ideas de Emerich de Vattel (Les droits des gens)  de la igualdad de las naciones, según Schmitt; a favor de un sistema Wilsoniano en busca de la propagación de la democracia y aislacionismo a favor de la intervención. De hecho, los objetivos de la Sociedad de las Naciones fueron fijados por el propio Woodrow Wilson (presidente de los Estados Unidos 1913-1921)  e incluyen asegurar la seguridad colectiva, asegurar la cooperación financiera y la aplicación de los tratados de paz.   Comparto con Schmitt la idea de que el fracaso de la Sociedad de las Naciones, y el fracaso que sigue teniendo la Organización de las Naciones Unidas*,  se debe en parte al intento de mantener la paz a base de una “negación jurídica de la guerra” sin medidas concretas de cómo prevenirlas o sancionar las guerras de agresión; y en un “universalismo ético” que debe erradicar aquellos “turbadores de la paz”  o al recientemente llamado “eje del mal” por la política estadounidense pos- 11 de septiembre. Como podemos comprobar en la actualidad, con casos como la intervención estadounidense en Irak y Afganistán, y el bombardeo a Gaza por Israel, ésta negación jurídica de la guerra de agresión, no hace otra cosa que “generar nuevos tipos de guerra, verosílmente peores…” como sostiene Schmitt en El Nomos de la Tierra.

Sin embargo, no comparto la idea de Schmitt y su nostalgia de un ius public europaeum en la que aparentemente existe una igualdad de las naciones y por lo tanto un  iustus hostis; ya que no menciona  las guerras llevadas a cabo para colonizar el nuevo mundo o en África, o la presencia militar para mantener las colonias. Schmitt excluye las guerras de las colonias como si fueran ajenas a los estados europeos; está claro que si Schmitt hubiera incluido a la Europa colonial en su análisis, pudiéramos observar que el ius public europaeum realmente carecía de una “igualdad de naciones” o un “enemigo justo”.

Las razones de la inoperatividad de los elementos jurídicos internacionales del siglo XX, se deben principalmente, como bien lo describe Zolo, a la inercia e impotencia de las institu-ciones internacionales en cumplir su objetivo, lo cual ha resultado en la “normalización” de la guerra. A partir del texto de Zolo podemos extraer 4 razones de la inoperatividad de la actual Organización de las Naciones Unidas:

1. La jurisdicción de la guerra caen en manos de los más fuertes (“los vencedores”): desde su comienzo, las instituciones jurídico-internacionales han sido formadas en base a la justicia de las potencias vencedoras. La Sociedad de las Naciones proponía controlar el uso de la fuerza y las guerras de “agresión”, en base a condiciones procedímentales establecidas por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial (Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos). La asamblea y el consejo (de los cuales las cinco potencias eran miembros permanentes) tenían el poder de decidir, unánimemente, las medidas a adoptarse contra el estado agresor y también para asistir al estado victima. Además, de los mencionados privilegios de los cinco miembros permanentes, cada uno de ellos tenía el poder del veto.
A su vez, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China sentaron las bases de una nueva organización mundial que se llamaría las Naciones Unidas; así como el primer intento de establecer un ordenamiento internacional (la Sociedad de las Naciones), las Naciones Unidas fue establecida dependiendo de las decisiones de las grandes potencias e ignorando las necesidades de otros pueblos, y naciones que la conforman; en resumen, se creo una organización en base, como bien lo describe Zolo, a una justicia de vencedores.

2. Posee un  poder coercitivo discriminatorio: el Consejo de Seguridad no solamente posee la mayoría de los poderes en las Naciones Unidas, pero también tiene el poder exclusivo de tomar medidas coercitivas, ya sea tomando medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada o ejerciendo fuerzas navales, aéreas o terrestres para “mantener o restablecer la paz” . Aunque el Consejo de Seguridad debe tomar decisiones por mayoría de votos, la medida es inválida si existe un voto contrario de uno de los cinco miembros permanentes (Francia, Reino Unido, China, Rusia, EE.UU.). Dicha estructura política de las Naciones Unidas cae en un poder coercitivo discriminatorio y no democrático en el que los cinco miembros permanentes pueden aplicar los poderes otorgados al Consejo de Seguridad; pero están fácilmente exentos de medidas coercitivas, aún hayan sido aprobadas por todos los miembros del Consejo de Seguridad.

3. Carece de una definición de las “guerras de agresión”: según Zolo, la carencia de una definición de la “guerra de agresión” en la Carta de las Naciones Unidas permite al Consejo de Seguridad, arbitrariamente, decidir cómo y qué determinar una “guerra de agresión”. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas, más tarde (en 1974) intentaría definir el término “agresión” y los modos de “agresión”; en su artículo 2 establece que no se puede considerar un crimen de “agresión” a aquel estado recurre al uso de la fuerza primero; lo cual resulta bastante conveniente para países como Estados Unidos o Israel para la legitimación de sus ataques “pre-emptive”,  es decir en “defensa propia”.
La falta de una definición concreta del término “agresión” resulta en un sistema discriminatorio en la justicia penal internacional, ya que sanciona, o más bien intenta sancionar, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio, pero ignora el crimen de agresión.
Por otro lado, el estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual al contrario de los tribunales ad hoc, incluye los crímenes de agresión como uno de los crímenes más graves; pero en su artículo 5 le concede la libertad a la corte de definir el crimen y enunciar las condiciones en las cuales lo hará.
4. El sistema dualista de la  justicia penal internacional: el filósofo y jurista Hans Kelsen creía que el fracaso de la Sociedad de las Naciones se debía a la falta de una corte de justicia internacional neutra e imparcial que aplicara el derecho internacional. Sin embargo, Zolo nos ilumina en el hecho que el actual sistema judicial internacional, es un sistema dualista y discriminatorio.
A pesar de ser establecidos el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, éstos fueron aplicados por las potencias vencedoras para penalizar los crímenes contra la paz y crímenes de guerra llevados a cabo por nazis y  japoneses; por tanto muy lejos del carácter neutral e imparcial por el que advocaba Kelsen. Para Kelsen los estados vencedores debían procesar también a sus ciudadanos responsables de crímenes de guerra y en una verdadera corte internacional.
Medio siglo más tarde, los Tribunales de Nuremberg y Tokio fueron repropuestos en una serie de tribunales internacionales ad hoc, es decir hechos a la medida de cada caso, como lo fueron el Tribunal de la Haya para la antigua Yugoslavia (1993) y el Tribunal de Arusha para Ruanda (1994). De acuerdo con Zolo, éste sistema representa un “sistema dualista” que funciona como una “justicia a la medida para las grandes potencias del planeta”.
El hecho de que el Tribunal de la Haya haya sido financiado por los Estados Unidos representa el más grave defecto de el sistema judicial internacional en la actualidad y el obstáculo para llevar a la justicia a las potencias de las cuales depende el Tribunal de la Haya. Zolo cita el ejemplo del encarcelamiento de los ex presidentes derrotados de la República Yugoslava y de Irak, además de los juicios sostenidos y financiados por EE.UU. y sus aliados, mientras éstos no responden por las miles de personas inocentes que asesinaron durante la guerra.
Zolo cita como el más grave de los casos la relación entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad; por ejemplo la corte no puede llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de agresión sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Lo cual otorga un gran poder a potencias como Estados Unidos que abusan además del artículo 16 del estatuto, el cual le permite al Consejo de Seguridad suspender durante un año una investigación o enjuiciamiento iniciado por la corte.
Finalmente, Zolo argumenta otro aspecto del “sistema dualista” del derecho internacional, el cual es la ocupación de un territorio como consecuencia de un crimen de agresión. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, ha sido violado constantemente por las grandes potencias sin que se presenten ningunas consecuencias en la Corte Penal Internacional.

Como podemos observar, Zolo nos presenta con una serie de argumentos justificados sobre el fracaso del ordenamiento internacional y de los instrumentos jurídicos internacionales en prevenir las guerras de agresión, la ocupación y garantizar la paz a través de leyes globales. No hay ninguna duda que la justicia penal internacional sigue fracasando y prueba de ello han sido la guerra de agresión y luego ocupación de Irak y Afganistán por los EE.UU., la actual ocupación de territorios en Palestina, la agresión a Kosovo por la OTAN y a Georgia por Rusia. Zolo concluye que simplemente la justicia internacional no está estructurada para imponer el respeto de sus normas a las grandes potencias (los cuales resultan ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad) para que las guerras se vuelvan menos sanguinarias; pero además de esto fracasa gravemente en prevenir las guerras de agresión.

En vista del texto de Zolo, los instrumentos jurídicos internacionales parecen ser una idea abstracta y absolutamente inútil en obtener el objetivo declarado, la paz mundial; o en su mínimo carácter, prevenir los crímenes de guerra y las guerras de agresión. En cambio, la negación jurídica de la guerra y sus instrumentos jurídicos universalistas no han hecho más que transformar a la guerra en “humanitaria” y “preventiva”. Además, de que las instituciones internacionales no hacen más que adaptarse al beneficio de las potencias mundiales, pues simplemente son incapaces de entrar en conflicto con las potencias ya existentes.

A mi juicio las principales deficiencias de la justicia penal internacional son:

1. Estructura no-democrática: la organización de las Naciones Unidas, nunca ha funcionado como un órgano colectivo, como cita Zolo en el texto. Sino más bien que ha sido creada al beneficio de las grandes potencias, especialmente en base a una política Wilsoniana.
El establecimiento de un Consejo de Seguridad jerárquico, en el que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial son miembros permanentes, considero que es la falla más grave de la estructura política de las Naciones Unidas. Ya que, su estructura actual le impide entrar en conflicto con las grandes potencias vencedoras (EE.UU., Reino Unido, China, Rusia y Francia), causando que la regulación de la guerra caiga en manos de éstas. Además de que se les otorga el poder de aplicar la justicia internacional pero ser inmunes a ella cuando se trata de su soberanía militar.

2. Ambigüedad política: la criminalización de la guerra, y a su vez el establecimiento de normas de ocupación que favorecen a los ocupantes es uno de los ejemplos de la ambigüedad de la justicia penal internacional. Establecer una Corte Penal Internacional en la que el Consejo de Seguridad decide que se investiga y que no, es otro ejemplo de ésta política ambigua.

3. Carencia de coacción física: el derecho internacional hasta ahora ha comprobado que no puede basarse simplemente en la legitimación para hacer cumplir sus normas. El caso de que no exista una autoridad ‘supranacional’ capaz de hacer valer la dimensión normativa del derecho y que las fuerzas de coacción estén concentradas en las grandes potencias, convierte a la justicia penal internacional en un instrumento prácticamente inerte e impotente.

Sin embargo, si bien podemos aceptar que las organizaciones internacionales y sus instrumentos jurídicos tienen graves deficiencias, no podemos negar que el establecimiento en sí mismo de una Corte Penal Internacional es un avance en el derecho internacional y en establecer normas para por lo menos intentar evitar guerras tan sanguinarias como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial.  Lo que es lamentable es que los instrumentos jurídicos internacionales no son, y nunca han sido un avance en la impunidad.

A sus casi 65 años de vida, las Naciones Unidas es todavía hoy una organización que mantiene ideales universalistas, abstractos y utópicos que no han logrado convertir en una realidad. Cómo hacerlo es todavía una incógnita dada la complejidad de una organización ‘supraestatal’. No obstante, a mi juicio, las organizaciones internaciones y la justicia penal internacional si son necesarias para defender los derechos humanos, prevenir las guerras de agresión, la ocupación y violaciones de soberanía; para defender los derechos de la población mundial de vivir en paz y de adoptar las medidas necesarias a aquellos que no lo cumplen, ya sea por su propio gobierno o fuerzas exteriores; y además para llevar a la justicia a aquellos que han cometidos, los ya establecidos, crímenes contra la humanidad. Éstas normas y procedimientos deben ser válidas tanto para los perdedores como para los ganadores.

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