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Temas que Romney y Obama evitan

8 Oct
Noam Chomsky
La Jornada, 10 de octubre de 2012

Ahora que el espectáculo cuatrienal de la elección presidencial está alcanzando la cúspide, es útil preguntar cómo las campañas políticas están abordando los temas más cruciales que enfrentamos. La respuesta es sencilla: mal, o para nada. En tal caso, surgen algunas preguntas importantes: ¿por qué, y qué podemos hacer al respecto? Estos son dos temas de abrumadora importancia, porque el destino de las especies está en juego: desastre ambiental y guerra nuclear.

El primero aparece regularmente en las primeras planas. El 19 de septiembre, por ejemplo, Justin Gillis reportó en The New York Times que el derretimiento del hielo del mar ártico había terminado para este año, pero no antes de demoler el récord anterior, y hacer sonar nuevas alarmas sobre el rápido ritmo del cambio en la región.

El derretimiento es mucho más veloz de lo que habían previsto sofisticados modelos computacionales y el más reciente informe de la ONU sobre el calentamiento global. Los nuevos datos indican que el hielo de verano podría haber desaparecido para 2020, con graves consecuencias. Estimaciones previas consideraban la desaparición del hielo de verano para 2050.

Pero los gobiernos no han respondido al cambio con alguna urgencia mayor para limitar las emisiones de gases de invernadero, escribe Gillis. Por el contrario, su respuesta principal ha sido planear la explotación de los minerales recientemente accesibles en el ártico, incluida la perforación para extraer más petróleo; es decir, acelerar la catástrofe.

Esta reacción demuestra una extraordinaria disposición a sacrificar las vidas de nuestros hijos y nietos a cambio de una ganancia a corto plazo. O, quizá, una igualmente notable disposición a cerrar los ojos para no ver el inminente peligro. Eso no es todo. Un nuevo estudio del Monitor de la Vulnerabilidad Climática ha encontrado que el cambio climático causado por el calentamiento global está desacelerando la producción económica mundial en 1.6 por ciento al año y conducirá a una duplicación de los costos en las próximas dos décadas. El estudio fue ampliamente reportado en todas partes, pero a los estadunidenses se les ahorró la inquietante noticia.

Las plataformas demócrata y republicana oficiales sobre los asuntos climáticos son revisadas en la edición del 14 de septiembre de la revista Science. En un raro caso de bipartidismo, ambos partidos demandan que empeoremos el problema. En 2008, ambas plataformas partidistas habían dedicado cierta atención a la forma en que el gobierno debería abordar el cambio climático. Hoy, el tema casi ha desaparecido de la plataforma republicana; la cual, sin embargo, demanda que el Congreso emprenda rápida acción para evitar que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), establecida por el ex presidente republicano Richard Nixon en días más sensatos, regule los gases de invernadero. Y debemos abrir el refugio ártico de Alaska a la perforación para aprovechar todos nuestros recursos estadunidenses concedidos por Dios. No podemos desobedecer al Señor, después de todo.

La plataforma también declara que debemos restablecer la integridad científica a nuestras instituciones públicas de investigación y retirar los incentivos políticos a la investigación financiada públicamente; palabras en código para la ciencia climática.

El candidato republicano, Mitt Romney, en busca de escapar del estigma de lo que entendía hace años sobre el cambio climático, ha declarado que no hay consenso científico, así que deberíamos apoyar más debate e investigación; pero no la acción, excepto para agravar más los problemas.

Los demócratas mencionan en su plataforma que existe un problema, y recomiendan que deberíamos trabajar hacia un acuerdo para establecer límites a las emisiones al unísono con otras potencias emergentes. Pero eso es todo.

El presidente Barack Obama ha enfatizado que debemos conseguir 100 años de independencia energética aprovechando la técnica de fracking o fractura hidráulica y otras tecnologías; sin preguntarse cómo luciría el mundo después de un siglo de tales prácticas.

Así que hay diferencias entre los partidos: sobre cuán entusiastamente los ratones deberían marchar hacia el precipicio.

El segundo tema importante, la guerra nuclear, también está en las primeras planas todos los días, pero en una forma que asombraría a un marciano que observara las extrañas actividades en la Tierra.

La amenaza actual está de nuevo en Medio Oriente, específicamente Irán; es decir, al menos según Occidente. En Medio Oriente, Estados Unidos e Israel son considerados amenazas mucho mayores.

A diferencia de Irán, Israel se niega a permitir inspecciones o firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tiene cientos de armas nucleares y sistemas de lanzamiento avanzados, y un largo historial de violencia, agresión e ilegalidad, gracias al absoluto apoyo estadunidense. Si Irán está buscando desarrollar armas nucleares, el espionaje estadunidense no lo sabe.

En su informe más reciente, la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que no puede demostrar la ausencia de material nuclear y actividades no declarados en Irán; una forma indirecta de condenar a Irán, como demanda Estados Unidos, mientras admite que la agencia no puede añadir nada a las conclusiones del espionaje estadunidense.

Por tanto, a Irán debe negársele el derecho a enriquecer uranio que está garantizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, y es apoyado por la mayor parte del mundo, incluidos los países no alineados que acaban de reunirse en Teherán. La posibilidad de que Irán pudiera desarrollar armas nucleares surge en la campaña electoral. (El hecho de que Israel ya las tenga no.) Dos posiciones se contraponen: ¿Estados Unidos debería declarar que atacará si Irán alcanza la capacidad para desarrollar armas nucleares, las cuales disfrutan docenas de países? ¿O Washington debería mantener la línea roja más indefinida?

La segunda postura es la de la Casa Blanca; la primera es la demandada por los belicosos israelíes, y la aceptada por el Congreso de Estados Unidos. El Senado votó 90-uno a favor de apoyar la postura israelí.

Lo inexistente en el debate es la forma obvia de mitigar o poner fin a cualquier amenaza que pudiera creerse representa Irán: Establecer una zona libre de armas nucleares en la región. La oportunidad está fácilmente disponible: una conferencia internacional se reunirá en unos meses para buscar este objetivo, apoyado por casi todo el mundo, incluida una mayoría de los israelíes.

El gobierno de Israel, sin embargo, ha anunciado que no participará hasta que haya un acuerdo de paz general en la región, lo cual es inalcanzable en tanto Israel persista en sus actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados. Washington mantiene la misma postura, e insiste en que Israel debe ser excluido de cualquier acuerdo regional de ese tipo.

Pudiéramos estar avanzando hacia una guerra devastadora, posiblemente incluso nuclear. Existen formas claras de superar esta amenaza, pero no se adoptarán a menos que haya un activismo público a gran escala que demande que la oportunidad sea aprovechada. Esto, a su vez, es altamente improbable en tanto estos temas sigan fuera de la agenda, no sólo en el circo electoral, sino en los medios y el gran debate nacional.

Las elecciones son operadas por la industria de las relaciones públicas. Su tarea primaria es la publicidad comercial, que está diseñada para socavar a los mercados creando consumidores desinformados que tomarán decisiones irracionales; totalmente lo opuesto de cómo se supone que funcionan los mercados, pero ciertamente familiar para cualquiera que haya visto la televisión.

Simplemente es natural que cuando es llamada para operar las elecciones, la industria adopte los mismos procedimientos para beneficio de quienes le pagan, quienes ciertamente no quieren ver ciudadanos informados tomando decisiones racionales.

En cualquier caso, las víctimas, sin embargo, no tienen que obedecer. La pasividad podría ser el rumbo fácil, pero difícilmente es el honorable.

 

chomsky.info

CARTA ABIERTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DOMINICANAS

5 May

Jueves, 19 de abril de 2012

REPÚBLICA DOMINICANA

Carta abierta de Amnistía Internacional a

los candidatos a las elecciones presidenciales dominicanas

de mayo de 2012

Las próximas elecciones presidenciales de la República Dominicana representan una oportunidad extraordinaria para que los candidatos entablen un diálogo constructivo con la ciudadanía sobre los distintos retos que se le plantean al país y para que se comprometan a tomar medidas concretas para superarlos o mitigarlos.

De los numerosos retos a que se enfrenta la República Dominicana, el primero consiste en garantizar que todas las personas disfrutan en ella de sus derechos y libertades y tienen acceso a un recurso efectivo siempre que esos derechos y libertades se vean amenazados o violados. Esta obligación se halla recogida en la legislación nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el país es parte. Su cumplimiento está siendo objeto de creciente escrutinio y promoción por parte de la vibrante y diversificada sociedad civil dominicana y de la comunidad internacional.

Con miras a las próximas elecciones presidenciales, Amnistía Internacional se dirige a todos los candidatos para exponerles sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos y para pedirles que se comprometan a dar prioridad al respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que se comprometan públicamente con una serie de medidas concretas, descritas más adelante, que, aunque no constituyen una lista exhaustiva de recomendaciones en materia de derechos humanos, pueden ser un primer paso para mejorar de manera considerable los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana.

Amnistía Internacional espera recibir respuesta por escrito de todos los candidatos en los próximos días, y en tal caso la hará pública antes de que finalice la campaña.

Garantizar que las personas están debidamente protegidas de la delincuencia y la violencia, en particular llevando a cabo una reforma de la policía, basada en los derechos humanos; velando por que se realicen con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, y garantizando una reparación plena a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos

Las personas que viven en la República Dominicana están muy preocupadas por los niveles de delincuencia y violencia, que se han incrementado en los últimos 10 años debido principalmente al aumento del narcotráfico, la proliferación de las armas de fuego y las crecientes desigualdades. La gente pide desesperadamente medidas que reduzcan la delincuencia y le permitan vivir sin miedo.

Sin embargo, hay indicios de que la Policía Nacional aplica a menudo métodos indebidos de mantenimiento del orden, que son causa de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y detenciones arbitrarias. Se ha demostrado que los métodos ilícitos de mantenimiento del orden no son eficaces en la lucha contra la delincuencia y la violencia. Al contrario, exacerban el problema, al distanciar a gran parte de la población de la policía y transmitir el mensaje de que es legítimo que alguien se tome la justicia por su mano. Sólo se puede proteger a la población de manera efectiva contra la delincuencia y la violencia si se respetan los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presuntos delincuentes. Las persistentes denuncias y casos de corrupción en el seno de la policía y participación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en actividades ilegales también contribuyen a menoscabar la confianza ciudadana y exacerbar las crisis de seguridad pública.

Se han alzado muchas voces contra esta actuación policial agresiva, ilegal e ineficaz. Periodistas, intelectuales y miembros de organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente abusos cometidos por la policía y piden reformas institucionales y justicia para las víctimas. En julio de 2010, varias organizaciones juveniles emprendieron una campaña con el lema: “¡Policía no me mate que yo me paro en lo claro!”. Con ella querían llamar la atención sobre los homicidios policiales de personas que no se detenían al darles el alto. Los miembros de las comunidades afectadas por altos índices de delincuencia muestran muy poca confianza en la policía, y en muchos casos han expresado su indignación por los abusos policiales y la incapacidad de esta institución para protegerlos de manera efectiva. En marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también expresó preocupación por la brutalidad policial, el uso excesivo de la fuerza y el elevado número de homicidios cometidos por la policía, y formuló tras ello recomendaciones concretas al respecto.

Dado el contexto de la seguridad pública, es innegable que la Policía Nacional desempeña sus funciones en un entorno difícil y peligroso. Como ella misma recuerda constantemente, también son asesinados un número considerable de agentes de policía. Algunos resultan muertos en cumplimiento de su deber, pero muchos son víctimas de delitos violentos. Aunque terribles, estos homicidios no son distintos de cualquier otro delito violento cometido contra ciudadanos corrientes y no se pueden comparar en absoluto con los homicidios ilegítimos perpetrados por la policía. Al ser cometidos por agentes del Estado, los homicidios policiales ilegítimos son una indicación de que el Estado no respeta, protege ni hace efectivos los derechos humanos.

El nuevo presidente tendrá que reconocer públicamente la magnitud del problema de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, admitir la responsabilidad del Estado dominicano y tomar medidas efectivas para poner fin a las prácticas indebidas, que exacerban la crisis de seguridad pública.

En primer lugar, es esencial que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía se investiguen con prontitud y de manera independiente, exhaustiva e imparcial. Un primer paso que podría dar el nuevo presidente es garantizar que la Procuraduría General de la Republica ordena a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por la policía, con independencia de que se haya presentado o no denuncia formalmente o de que el asunto lo haya remitido la Policía Nacional. Asimismo, el nuevo presidente tendrá que garantizar que se completan, de acuerdo con las normas internacionales, las investigaciones sobre varios presuntos casos de homicidio ilegítimo, desaparición forzada y tortura que hay pendientes. La reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Narciso González Medina pone de relieve las graves deficiencias de la administración de justicia y la necesidad de que el Estado investigue de manera efectiva este tipo de casos.

En segundo lugar, es primordial que el nuevo presidente tome medidas efectivas para prevenir la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía. Un primer paso esencial en esta dirección sería el inicio de una reforma de la Policía Nacional basada en los derechos humanos. Tal reforma tiene que estar fundada en una evaluación independiente de la Policía Nacional y ha de ser exhaustiva, para que abarque los aspectos relativos a la contratación, ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la policía y las condiciones de trabajo de los agentes. Es esencial que la ley orgánica de la policía refleje estos aspectos, que establecen los fundamentos jurídicos de una reforma efectiva y basada en los derechos humanos. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que el proyecto de ley orgánica de la policía que está examinando el Congreso en la actualidad no permita una reforma exhaustiva y adecuada de la Policía Nacional.

En tercer lugar, el nuevo presidente tendrá que abordar el actual problema de que, incluso habiendo reconocido los tribunales la responsabilidad penal de los agentes, se niegue en la práctica a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y a sus familias el derecho a una reparación plena. El nuevo presidente tendrá, por tanto, que adoptar medidas legislativas y ejecutivas para garantizar que las víctimas y las familias de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía reciben una reparación plena, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En particular, como ha recordado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es esencial reformar el artículo 61 de la ley institucional de la policía a fin de establecer la responsabilidad del Estado en todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

Además, es muy importante que el nuevo presidente promueva la ratificación y aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También debe prestar el nuevo gobierno especial atención a la aplicación de la recién ratificada Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con la implementación de todas estas reformas, el nuevo gobierno mostrará inequívocamente su voluntad de mejorar de manera efectiva la protección de todas las personas en la República Dominicana. Estas medidas beneficiarán a la sociedad entera, incluidos los propios agentes de policía, pues contribuirán a convertir a la policía en la institución que todos los dominicanos y dominicanas merecen y tendrán sin duda un efecto positivo en los esfuerzos por abordar la crisis de seguridad pública.

Garantizar que se designa sin más demora al D efensor del P ueblo y se dota a su oficina de los debidos recursos y atribuciones

El hecho de que no se haya designado al Defensor del Pueblo aún, 11 años después de la aprobación de la ley por la que se creó esta institución, priva a la República Dominicana de un organismo que es esencial para mejorar la protección de los derechos humanos en el país.

Es sin duda loable que la República Dominicana haya establecido varias instituciones y órganos gubernamentales con el cometido de promover los derechos humanos, junto con un mecanismo de coordinación entre ellos, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Sin embargo, la República Dominicana necesita también una institución independiente que se encargue de vigilar las violaciones de derechos humanos y recomendar medidas de reparación.

Por consiguiente, el nuevo presidente debe garantizar que se nombra sin más dilación al Defensor del Pueblo, dando cumplimiento así al título VIII de la Constitución de 2010. Muchos órganos de derechos humanos de la ONU han reiterado también esta petición en distintas ocasiones.

La persona designada ha de ser independiente e inmune a las presiones políticas, tener un conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, y un compromiso demostrado con el derecho a interponer recurso de todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.

También es fundamental dotar de recursos suficientes al Defensor del Pueblo, incluidos investigadores competentes e independientes. En particular, dada la frecuencia con que se tiene noticia de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, el Defensor del Pueblo debe tener las atribuciones y los recursos necesarios para investigar las denuncias de abusos policiales, incluidas las violaciones de derechos humanos.

Aplicar medidas efectivas para reducir la violencia de género

El elevado número de mujeres asesinadas por miembros de su familia y la gran cantidad de casos de otras formas de violencia en el ámbito familiar y de agresión sexual indican que hay que hacer más esfuerzos por proteger plenamente el derecho de las mujeres a no sufrir violencia de género. Las organizaciones de derechos de las mujeres, los jueces y fiscales, y los profesionales de la psicología y la medicina contribuyen de manera habitual a dar forma al debate público sobre esta cuestión y han formulado propuestas y recomendaciones concretas.

Resulta alentador observar que se han contraído varios compromisos electorales de abordar el problema de la violencia de género. Los candidatos presidenciales han incluido en sus programas varias medidas legislativas, normativas y administrativas para mejorar la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas.

Se espera, por tanto, que el nuevo presidente aplique todas las medidas ya determinadas. En particular es esencial establecer unidades de asistencia integrada a las víctimas de violencia contra las mujeres en cada una de las 32 provincias del país; garantizar que se inician procesamientos satisfactorios en los casos de violencia de genero, para lo que es necesario en particular aumentar en las fiscalías el personal con formación que se ocupa de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas; garantizar el establecimiento inmediato de al menos un refugio en cada una de las 9 regiones del país; aplicar el Plan estratégico para la prevención detección, atención y sanción de la violenciaintrafamiliar y contra las mujeres 2011-2016, y garantizar que se dota de recursos suficientes a todas las instituciones pertinentes.

El nuevo presidente tendrá también que reparar la situación de violencia y discriminación que viven las mujeres como consecuencia de la prohibición absoluta del aborto. Se considera que la penalización del aborto es un importante factor causante de la alta tasa de mortalidad materna del país. Por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia calculó que en 2007 el 13 por ciento de las muertes maternas eran consecuencia de abortos inseguros.

Como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es esencial que el nuevo presidente promueva la reforma de la legislación nacional con objeto de garantizar que se permite el aborto al menos cuando el embarazo entraña riesgo para la vida o grave riesgo para la salud de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de violación, agresión sexual o incesto.

Garantizar que no se priva arbitrariamente de su nacionalidad a los dominicanos y dominicanas de origen haitiano

Es indiscutible que, como todo otro Estado, la República Dominicana tiene derecho a establecer por ley los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad dominicana. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe privar de nacionalidad a quienes la tenían en el momento de su nacimiento y aplicar retroactivamente la ley.

La Junta Central Electoral ha negado el acceso a documentos de identidad a millares de dominicanos de origen haitiano basándose en la Circular 017 de 2007. En esta directriz se ordenó a los funcionarios del registro civil que examinaran detenidamente los documentos presentados con fines de renovación o registro para ver si se habían expedido erróneamente en el pasado a hijos de extranjeros que no habían demostrado su residencia o situación legal en el país. Como consecuencia de la negativa a expedir documentos de identidad, estas personas se han visto privadas de acceso a educación, empleo y servicios de salud, así como del derecho al voto, y de nacionalidad. Quienes carecen de documentación, están también expuestos a sufrir detención arbitraria y expulsión colectiva, sin acceso a una revisión judicial.

La implementación de la Circular 017 supone aplicar con carácter retroactivo la Ley General de Migración 285/04 a personas nacidas antes de su promulgación, en 2004. La nueva Constitución dominicana, que entró en vigor en enero de 2010, consolidó la excepción al derecho a la nacionalidad de los no residentes introducida por la Ley General de Migración de 2004. Según la Constitución anterior, las únicas personas que podían ser excluidas de la garantía constitucional del derecho a la nacionalidad eran los hijos de diplomáticos y de personas en tránsito. La nueva Constitución amplía esta exención a los hijos de quienes se considere que están residiendo ilegalmente en el país. Esta nueva disposición sobre la nacionalidad contradice directamente la sentencia dictada en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, según la cual la condición de migrante de un progenitor no afecta al derecho a la nacionalidad del hijo.

La situación de incertidumbre y negación de derechos en que viven miles de dominicanos de ascendencia haitiana ha suscitado preocupación en varios órganos internacionales y regionales de derechos humanos. Ya en 2008, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a la República Dominicana a “adoptar medidas inmediatas, en particular la eliminación de obstáculos administrativos, para expedir documentos de identidad a todos los dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos aquellos cuyos documentos hayan sido confiscados o destruidos por las autoridades”. En marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que la República Dominicana tenía que abstenerse de aplicar con carácter retroactivo la legislación sobre migración de 2004 y mantener la nacionalidad dominicana de todas las personas que la tuvieran en el momento de su nacimiento. El Comité pidió en particular que la República Dominicana informara en el plazo de un año de la aplicación de esta recomendación en concreto.

El nuevo presidente debe tomar medidas decisivas para cumplir con las recomendaciones que acabamos de mencionar a fin de reparar la violación de los derechos de miles de personas. En particular, es esencial acatar plenamente la sentencia y las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; retirar la Circular 017 y adoptar medidas efectivas para poner fin a las prácticas discriminatorias vinculadas a la concesión de la ciudadanía y el registro del estado civil, incluidos los documentos de identidad; garantizar que todas las personas afectadas por la Circular 017 reciben una indemnización completa por los daños derivados de su aplicación, y evitar toda aplicación retroactiva de la Ley General de Migración 285/04 y de la Constitución.

Garantizar que se protegen plenamente los derechos de las personas migrantes haitianas

La República Dominicana tiene derecho a establecer sus políticas sobre migración. Sin embargo, como todo otro país, tiene también la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con independencia de su situación. Entre ellos figuran el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no sufrir detención arbitraria ni expulsión colectiva sin acceso al debido proceso, y la protección contra la privación arbitraria de bienes y documentos de identidad y contra la discriminación. Al ser la República Dominicana un país tanto de origen como de destino de migrantes, las autoridades deben ser especialmente conscientes de la importancia de garantizar la protección de todos los migrantes presentes en su territorio.

Sin embargo, en la práctica los migrantes haitianos de la República Dominicana están especialmente expuestos a sufrir diversas violaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, las autoridades dominicanas siguen llevando a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos a pesar de un llamamiento que hicieron en febrero de 2010 –y reiteraron en junio de 2011– el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que se suspendieran por razones humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití, dado el terremoto ocurrido en el país en enero de 2010.

Hay indicios de que continúan llevándose a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos, violando las normas internacionales de derechos humanos y sin que los expulsados tengan medio de recurrir contra la decisión. Las expulsiones colectivas contravienen el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación acordado por las autoridades dominicanas y haitianas en diciembre de 1999. Al firmarlo, la República Dominicana accedió a mejorar sus mecanismos de expulsión y contrajo una serie de compromisos específicos, entre ellos evitar separar núcleos familiares durante el proceso de repatriación y permitir que las personas expulsadas recojan sus pertenencias y conserven sus documentos de identidad.

Aunque la aprobación del reglamento de aplicación de la ley de migración de 2004 es motivo de satisfacción, las ONG que trabajan sobre los derechos de las personas migrantes han expresado preocupación por la ausencia de garantías esenciales de protección de estas personas en los procedimientos de expulsión. Además, los trabajadores migrantes no pueden recurrir contra las órdenes de expulsión ante una autoridad judicial competente, en contravención de las normas internacionales y constitucionales sobre el debido proceso.

El nuevo presidente tendrá que demostrar voluntad política inequívoca de proteger los derechos de las personas migrantes, en particular respondiendo al llamamiento de la ONU de suspender por razones humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití; poniendo fin a las expulsiones arbitrarias y masivas y garantizando que se respetan los derechos humanos de los trabajadores migrantes en todos los procesos de expulsión; garantizando que todos los trabajadores migrantes pueden recurrir contra la orden de expulsión ante un órgano judicial competente, y promoviendo la ratificación y aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Poner fin a los desalojos forzosos y proporcionar a toda persona acceso a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia

Se llevan a cabo un elevado número de desalojos forzosos en todo el país, especialmente en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo. Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos 100. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el debido proceso ni consulta adecuada con las comunidades afectadas, con objeto de disponer de tierras para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, causadas por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo forzoso.

La falta de escrituras y de seguridad de tenencia –que, según cálculos, afecta a más del 50 por ciento de la población (el 75 por ciento en Provincia Santo Domingo)– son algunos de los argumentos principales esgrimidos por las autoridades para justificar los desalojos forzosos.

El nuevo presidente tendrá que garantizar que la República Dominicana cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con las relativas al derecho a una vivienda adecuada y asequible. Como ha recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es esencial adoptar y aplicar todas las medidas legislativas y normativas necesarias para promover la seguridad de la tenencia, reducir la vulnerabilidad y promover el acceso igualitario a los recursos de vivienda; garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos en circunstancias excepcionales y tras una consulta genuina con las comunidades afectadas para determinar todas las alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento, y garantizar a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento alternativo adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso efectivo.

7. Promover la firma, ratificación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos

Cuando un país ratifica tratados internacionales y regionales de derechos humanos, transmite una importante señal que indica a quienes viven en su territorio y a la comunidad internacional que se compromete a hacer todo lo necesario para respetar, proteger y promover los derechos recogidos en esos tratados.

Por este motivo, el nuevo presidente mostrará su compromiso con la necesidad de dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos garantizando la firma y ratificación o adhesión a los siguientes tratados internacionales de derechos humanos:

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Las prioridades que tendrá que establecer el nuevo presidente al dirigir el país son múltiples y variadas. Por encima de todo, Amnistía Internacional espera y confía en que los derechos humanos se entiendan, no como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana. Todas las cuestiones que afectan al desarrollo y el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto son en el fondo cuestiones de derechos humanos. El principal objetivo del jefe del Estado ha de ser, por tanto, respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana.

Amnistía Internacional confía en que en el periodo previo a las elecciones del 20 de mayo, todos los candidatos den la debida prioridad a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. La organización espera tener noticia de propuestas claras y concretas de los candidatos a este respecto.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr.13.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 14.

Véanse, por ejemplo, Comité de los Derechos del Niño, 1 de febrero de 2008, CRC/C/DOM/CO/2, párrs. 15 y 16; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 16 de mayo de 2008, CERD/C/DOM/CO/12, párr. 10; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 19 de noviembre de 2010, E/C.12/DOM/CO/3, párr. 9, y Comité de Derechos Humanos, 29 de marzo de 2012, CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 9.

Según el documento Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2010, la tasa de mortalidad materna en 2007 fue de 159 por cada 100.000 partos. El informe está disponible en: HYPERLINK “http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf” http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf .

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 15.

Se puede consultar la sentencia en HYPERLINK “http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf” http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf .

CERD/C/DOM/CO/12, párr. 16.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 22.

E/C.12/DOM/CO/3, párr. 27.

Video

Music above fighting

5 May

” Music Above Fighting “. The story follows two people from opposing sides singing Imagine by John Lennon to one another through a dividing wall and shows people who are trying to live and communicate through music, a powerful language that goes beyond bombs, fighting and differences.

Join the movement on http://www.MasterPeace.org

Ahead of May Day, David Harvey Details Urban Uprisings from Occupy Wall Street to the Paris Commune

4 May

Ahead of May Day, David Harvey Details Urban Uprisings from Occupy Wall Street to the Paris Commune.

REPÚBLICA DOMINICANA – IZQUIERDA REVOLUCIONARIA RECHAZA PRESENCIA MILITAR DE EEUU EN LA ISLA

30 Apr

Públicado en: Webguerrillero: http://networkedblogs.com/x15ak

Un conjunto de organizaciones de la izquierda revolucionaria protestaron la mañana de este sábado, 28 de abril, frente a la embajada de los Estados Unidos en el País en contra de las intenciones de instalar una  base militar americana en la isla Saona.
Los manifestantes depositaron un documento en la secretaria general de la embajada americana donde rechazan las intenciones de instar la referida base militar.
La protesta, estuvo encabezada por el líder del Movimiento Camañista, Narciso Isa Conde,   y presidente del Partido Alternativa Revolucionaria (AR), Ramón Almánzar, así como también decenas de ciudadanos que marcharon “en contra de cualquier intento de invasión norteamericana a la isla”.
La manifestación se llevó a cabo en el marco de conmemorarse hoy, 28 de abril, 47 años de la invasión norteamericana del 1965.
Isa Conde explicó que a pesar de que miembros de la Policía Nacional intentaron impedir el acercamiento de los manifestantes al local de la Embajada, ese organismo diplomático autorizó el paso de una comisión que hizo entrega del documento que está dirigido al presidente de EE. UU. Barack Obama.
Los protestantes recorrieron la avenida Simón Bolívar de esta capital hasta llegar al Parque Independencia donde depositaron una ofrenda florar a los padre de la patria.
Luego, se trasladaron a la Puerta del Conde donde depositaron una ofrenda floral en la estatua del héroe de la revolución de abril.
Bajo las consignas “que vivía Caamaño”, “fuera los Yanquis” “no a la base militar”,  los manifestantes  protestaron y cantaron el Himno Nacional y el Himno de la Revolución de Abril.
De su lado, el  presidente del Partido Alternativa Revolucionaria (AR), Ramón Almánzar, calificó de “grosera” la intervención norteamericana de 1965 por lo que exhortó al país a luchar por vivir en una patria democrática y libre de cualquier dominación extranjera.
“Ratificamos que el imperio americano nunca más volverá a ocupar nuestro territorio porque aquí somos hombres y mujeres de armas libres y de sentimientos soberanos” expresó.
El presidente del Movimiento Pro Dominicano, Ramón Pineda, llamó a la población a luchar en contra de la partidocracia que según dijo “es la culpable de todos los males de la República Dominicana”.
 
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I am Yasuni

5 Apr

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In the heart of the Amazon, within Ecuador’s Yasuní National Park, there are 846 million barrels of oil, equivalent to 20% of the country’s reserves, located in the ITT field. The Yasuní National Park contains the world’s most extensive biodiversity, and is home to two tribes who have voluntarily remained isolated from civilization, the Tagaeri and Taromenane. In 2007, the President of Ecuador Rafael Correa announced at the United Nations’ General Assembly the country’s commitment to preserve indefinitely these reserves. In return, President Correa asks for the international community’s co-responsibility to preserve the environment, by asking contributions totaling 3.6 billion dollars over 13 years, equivalent to less than 50% of the oil’s estimated market value. The funds are administered by the United Nations Development Programme (UNDP) and will fund projects that meet defined objectives, thus guaranteeing transparency and effective use of resources.

Why Latin America calls on philosophers – Opinion – Al Jazeera English

28 Mar

Santiago Zabala discusses philosophy, Latin America and Socialist Democratic governments

Why Latin America calls on philosophers – Opinion – Al Jazeera English.

Barcelona, Spain – I just returned from the sixth International Forum of Philosophy in Maracaibo, Venezuela, where philosophers from four continents were invited to discuss “State, Revolution and the Construction of Hegemony”. The event was inaugurated by the vice-presidents of Venezuela and Bolivia, televised by several channels, and on the last day, a prize of $150,000 was awarded to the best book presented within the Libertador Award for Critical Thinking of 2011.

Similar to the World Social Forum of Brazil, both the prize and forum aim to reflect not only upon the social progress that characterises these nations, but also the progress taking place in rest of the world; this is why only thinkers whose position is essentially leftist are invited, that is, those in the service of the weak, marginalised, and oppressed sectors of society.

Regardless of how effective the conference’s statement is on the governors that read it, what is interesting for us – European academics – is the institutional significance that is given to philosophy in the region. Is there a philosophy conference or forum in the United States or EU where vice-presidents take time to inaugurate a similar event?

The attendees might have all been progressive socialists (or even Marxists in some cases) and therefore have found from the start a certain sympathy from these democratically elected politicians (in Latin America, only Honduras does not have a democratically elected government), but our Western neoliberal governors do not promote similar conferences for their preferred intellectuals. We can only dream that the vice-presidents of Italy or Canada would finance a similar conference for 50 philosophers to reflect upon their policies. Perhaps the day will come, but in the meantime, we must ask ourselves what this Latin American forum tells us about the relation between philosophy and government.

Before exploring this relation, it is necessary to remember that most Latin American countries today are governed by socialist governments whose main objective is to elevate from poverty those citizens that were discarded by the neoliberal (and in some cases dictatorial) states that ruled the region in the past. This is why for more than a decade now, such renowned progressive intellectuals as Noam Chomsky, and many others have been endorsing Chavez, Morales, and other democratically elected presidents for their social programmes and economic independence from the IMF.

But despite the social progress (since 2003, extreme poverty has been reduced by 72 per cent in Venezuela), ecological initiatives (Morales has been declared the “World Hero of Mother Earth” by the president of the United Nations General Assembly), and economic efficiency (unlike the EU, Latin American economies will grow by 4.7 per cent in 2012) of these governments, a campaign of hatred and disinformation has been taking place throughout our Western media in order to discredit these achievements.

Perhaps, as Oliver Stone pointed out in his brilliant documentary South of the Border, this campaign is a symptom of fear that citizens in the West might also begin to demand similar policies. After all, while in Europe we are cutting social services following the European Central Bank demands, Latin American states are increasing them, just as so many western protesters (“indignados”, Occupy Wall Street, and other courageous movements) demand.

These Latin American countries are not calling philosophers to obtain from them rational justifications or hoping that some of us write propaganda articles for their policies. Rather, they are showing their awareness that history has not ended. I’m referring here to Francis Fukuyama’s famous theory of “the end of history” (“liberal democracy is the only legitimate form of government broadly accepted”), which has now been assimilated, if not completely incorporated, by our capitalist culture.

But history in Latin America has neither ended nor started anew. It’s simply proceeding as an alternate to our capitalist logic of economic enrichment, technological progress and cultural superiority. The Latin American countries do not aim to dominate others, but simply to evoke those whom Walter Benjamin called the “losers of history”, that is, the ones who have not succeeded within our neoliberal democratic system. These unsuccessful “shareholders” are represented not only by underprivileged citizens, but also by underdeveloped nations and continents. In this condition, philosophy is called upon to think historically – that is, to maintain living history. But how?

As an interpretative discipline determined to question the (cultural, scientific or political) foundations of thought, philosophy is obligated to remain unsatisfied, that is, to always search for alternative models, possibilities and histories. These alternatives are what keep history alive, that is, maintain the possibilities of greater freedom, wider democracy and alternative systems. In order to achieve this, the organisers of the forum decided to follow the hermeneutic principle of dialogue, that is, the conversation where truth becomes a constant exchange of different views: In a sincere dialogue, none of the interlocutors know beforehand the definitive truth or where the discussion will lead; instead, they are led by the conversation.

Thus, the 50 participants of the forum were divided into separate groups, and the different themes of the conference were discussed openly from each philosophical position. A statement resulted from each group, and these are now been delivered to the governors of Venezuela in order to encourage them to continue and improve the social progress they’ve already achieved. I’m sure not all our propositions and analysis will be welcome or applied, but the fact that national political leaders requested such gatherings for over a decade now indicates the significance they attribute to philosophy for the well-being of the state.

Despite the fact we were all invited to this forum because of our sympathies for contemporary Latin American policies, the organisers knew very well that our different philosophical positions would enrich rather than damage the discussion. In sum, Latin America calls philosophers, as the late Richard Rorty used to say, “to continue the conversation” because its politicians are honest enough to recognise that history has not ended with their socialist democratic form of government.

Santiago Zabala is ICREA Research Professor at the University of Barcelona. His books include The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy (2008), The Remains of Being (2009), and most recently, Hermeneutic Communism (2011, co-authored with Gianni Vattimo), all published by Columbia University Press. His webpage is http://www.santiagozabala.com.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Ten years without Gadamer

27 Mar

 

Santiago Zabala pays tribute to philosopher Gadamer – remembered for his contributions in the area of hermeneutics. 
 
Zabala is a professor at my former university, Universitat de Barcelona. In this article he describes Gadamer and his impact to Hermeneutics in a truly engaging way. I find this ironic given that Gadamer and his book “Truth and Method” were always difficult for me to understand and interpret. 

Barcelona, Spain – Hans-Georg Gadamer, one of the greatest philosophers of the 20th century, died ten years ago, at the age of 102. As the last representative of the great German philosophical tradition of Leibniz, Hegel and Husserl, he is remembered all over the world with conferences, publications and tributes.

This is a man who not only witnessed the sinking of the Titanic and the terrorist attacks of 9/11, but also wrote one of the last texts that could be considered a classic in the true meaning of the word: Truth and Method. This book, which he published at the age of 60, has been translated into a dozen languages. It outlined a new philosophical position that responded to our time by evading solutions that were hierarchically ordered in an absolute transcendental system: hermeneutics, the philosophy of interpretation.

Gadamer was not simply an academic who managed to attract a number of followers, but a true philosopher whose interlocutors were such distinguished thinkers as Jean Grondin, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Jürgen Habermas and Richard Rorty.

When Gadamer turned 100 on February 11, 2000, my philosophy teacher told me to drop everything to travel to Heidelberg, where the last living German master was being honoured by many of the world’s philosophers, intellectuals and politicians, including the president of Germany.

It was incredible to see a philosopher who worked together with Paul Natorp, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Hannah Arendt and Theodore Adorno signing volumes of his complete works and shaking everyone’s hand as if they were all friends. But what must we remember about Gadamer today?

As with so many great philosophers, Gadamer was also a convinced traditionalist who believed that one of the unfortunate widespread characteristics of our age is that it has lost touch with the interpretation of the great texts of Western culture. He was convinced that only by re-establishing ties with the classics could humanity save itself from permanent annihilation caused by techno-scientific progress.

Although Gadamer never induced anyone to denigrate science, he was concerned with the exaggerated fascination that idolising it engenders – as that which can be methodologically analysed is only a tiny part of our experience. Truly knowing does not simply mean certifying and controlling, but also interpreting and dialoguing, that is, critically engaging with the truths and methods that artificially sustain our beliefs.

Human beings, for Gadamer, are creatures who must continually interpret their world, since they are not neutral, independent or objective observers, but rather existential finite interpreters, always expressing linguistically their relation to the world.

If the realm of language was so important for the German master it’s because it is impossible for us to know ourselves once and for all; self-understanding is a never-ending process, an activity that must be repeated, a task always still to be performed. Thus Gadamer’s most famous dictum: “Being that can be understood is language,” was meant primarily to underscore a crucial drawback that still today determines the limitations of many contemporary philosophers: ignorance of the other.

“The soul of hermeneutics,” Gadamer always said, “consists in the possibility that the other might be right.” This is why the concept of dialogue, that is, the necessity to “understand other people”, was so important for him; after all, he lived through a violent century of wars, during which nobody seemed to be listening or recognising others.

Probably this is what moved Gadamer in the first place to pursue and develop the hermeneutic tradition, which has always been concerned with the interpretations of others, that is, with pursuing a conversation with our tradition.

In this decade since Gadamer’s death, hermeneutics has expanded internationally to the point of becoming not only one of the most respected representatives of continental philosophy, but also the greatest enemy of analytic philosophy, a philosophy fascinated precisely with what the German master feared most: science’s unfettered methodological development.

Although analytic philosophy continues to control many philosophical departments in the United States and the United Kingdom by allying itself with private scientific corporations, Gadamer gave us the tools to respond to this technocratic age – by inviting us to respect and learn from others’ interpretations of classic texts and authors.

Although it is now ten years since Heidelberg gave sanctuary to the father of hermeneutics, hermeneutics keeps him alive by warning us of the political dangers of a technocratic culture and its submission to scientific methods.

Santiago Zabala is ICREA Research Professor of Philosophy at the University of Barcelona. His books includeThe Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy (2008), The Remains of Being (2009), and, most recently,Hermeneutic Communism (2011, co-authored with G Vattimo), all published by Columbia University Press.

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

 
Source:
Al Jazeera
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Entrevista a JOSE LUIS SAMPEDRO en “Salvados”

31 Jan

José Luis Sampedro, economista, humanista y filosófo Español, habla sobre el dinero, el capitalismo, y la vida.

Excelente consejos nos da Sampedro de una manera entrañable.

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Mass Evictions at Pinheirinho: Favela Residents Confront Brazil’s Development Boom

31 Jan