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CARTA ABIERTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DOMINICANAS

5 May

Jueves, 19 de abril de 2012

REPÚBLICA DOMINICANA

Carta abierta de Amnistía Internacional a

los candidatos a las elecciones presidenciales dominicanas

de mayo de 2012

Las próximas elecciones presidenciales de la República Dominicana representan una oportunidad extraordinaria para que los candidatos entablen un diálogo constructivo con la ciudadanía sobre los distintos retos que se le plantean al país y para que se comprometan a tomar medidas concretas para superarlos o mitigarlos.

De los numerosos retos a que se enfrenta la República Dominicana, el primero consiste en garantizar que todas las personas disfrutan en ella de sus derechos y libertades y tienen acceso a un recurso efectivo siempre que esos derechos y libertades se vean amenazados o violados. Esta obligación se halla recogida en la legislación nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el país es parte. Su cumplimiento está siendo objeto de creciente escrutinio y promoción por parte de la vibrante y diversificada sociedad civil dominicana y de la comunidad internacional.

Con miras a las próximas elecciones presidenciales, Amnistía Internacional se dirige a todos los candidatos para exponerles sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos y para pedirles que se comprometan a dar prioridad al respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que se comprometan públicamente con una serie de medidas concretas, descritas más adelante, que, aunque no constituyen una lista exhaustiva de recomendaciones en materia de derechos humanos, pueden ser un primer paso para mejorar de manera considerable los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana.

Amnistía Internacional espera recibir respuesta por escrito de todos los candidatos en los próximos días, y en tal caso la hará pública antes de que finalice la campaña.

Garantizar que las personas están debidamente protegidas de la delincuencia y la violencia, en particular llevando a cabo una reforma de la policía, basada en los derechos humanos; velando por que se realicen con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, y garantizando una reparación plena a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos

Las personas que viven en la República Dominicana están muy preocupadas por los niveles de delincuencia y violencia, que se han incrementado en los últimos 10 años debido principalmente al aumento del narcotráfico, la proliferación de las armas de fuego y las crecientes desigualdades. La gente pide desesperadamente medidas que reduzcan la delincuencia y le permitan vivir sin miedo.

Sin embargo, hay indicios de que la Policía Nacional aplica a menudo métodos indebidos de mantenimiento del orden, que son causa de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y detenciones arbitrarias. Se ha demostrado que los métodos ilícitos de mantenimiento del orden no son eficaces en la lucha contra la delincuencia y la violencia. Al contrario, exacerban el problema, al distanciar a gran parte de la población de la policía y transmitir el mensaje de que es legítimo que alguien se tome la justicia por su mano. Sólo se puede proteger a la población de manera efectiva contra la delincuencia y la violencia si se respetan los derechos humanos de todas las personas, incluidos los presuntos delincuentes. Las persistentes denuncias y casos de corrupción en el seno de la policía y participación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en actividades ilegales también contribuyen a menoscabar la confianza ciudadana y exacerbar las crisis de seguridad pública.

Se han alzado muchas voces contra esta actuación policial agresiva, ilegal e ineficaz. Periodistas, intelectuales y miembros de organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente abusos cometidos por la policía y piden reformas institucionales y justicia para las víctimas. En julio de 2010, varias organizaciones juveniles emprendieron una campaña con el lema: “¡Policía no me mate que yo me paro en lo claro!”. Con ella querían llamar la atención sobre los homicidios policiales de personas que no se detenían al darles el alto. Los miembros de las comunidades afectadas por altos índices de delincuencia muestran muy poca confianza en la policía, y en muchos casos han expresado su indignación por los abusos policiales y la incapacidad de esta institución para protegerlos de manera efectiva. En marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también expresó preocupación por la brutalidad policial, el uso excesivo de la fuerza y el elevado número de homicidios cometidos por la policía, y formuló tras ello recomendaciones concretas al respecto.

Dado el contexto de la seguridad pública, es innegable que la Policía Nacional desempeña sus funciones en un entorno difícil y peligroso. Como ella misma recuerda constantemente, también son asesinados un número considerable de agentes de policía. Algunos resultan muertos en cumplimiento de su deber, pero muchos son víctimas de delitos violentos. Aunque terribles, estos homicidios no son distintos de cualquier otro delito violento cometido contra ciudadanos corrientes y no se pueden comparar en absoluto con los homicidios ilegítimos perpetrados por la policía. Al ser cometidos por agentes del Estado, los homicidios policiales ilegítimos son una indicación de que el Estado no respeta, protege ni hace efectivos los derechos humanos.

El nuevo presidente tendrá que reconocer públicamente la magnitud del problema de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, admitir la responsabilidad del Estado dominicano y tomar medidas efectivas para poner fin a las prácticas indebidas, que exacerban la crisis de seguridad pública.

En primer lugar, es esencial que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía se investiguen con prontitud y de manera independiente, exhaustiva e imparcial. Un primer paso que podría dar el nuevo presidente es garantizar que la Procuraduría General de la Republica ordena a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por la policía, con independencia de que se haya presentado o no denuncia formalmente o de que el asunto lo haya remitido la Policía Nacional. Asimismo, el nuevo presidente tendrá que garantizar que se completan, de acuerdo con las normas internacionales, las investigaciones sobre varios presuntos casos de homicidio ilegítimo, desaparición forzada y tortura que hay pendientes. La reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Narciso González Medina pone de relieve las graves deficiencias de la administración de justicia y la necesidad de que el Estado investigue de manera efectiva este tipo de casos.

En segundo lugar, es primordial que el nuevo presidente tome medidas efectivas para prevenir la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía. Un primer paso esencial en esta dirección sería el inicio de una reforma de la Policía Nacional basada en los derechos humanos. Tal reforma tiene que estar fundada en una evaluación independiente de la Policía Nacional y ha de ser exhaustiva, para que abarque los aspectos relativos a la contratación, ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la policía y las condiciones de trabajo de los agentes. Es esencial que la ley orgánica de la policía refleje estos aspectos, que establecen los fundamentos jurídicos de una reforma efectiva y basada en los derechos humanos. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que el proyecto de ley orgánica de la policía que está examinando el Congreso en la actualidad no permita una reforma exhaustiva y adecuada de la Policía Nacional.

En tercer lugar, el nuevo presidente tendrá que abordar el actual problema de que, incluso habiendo reconocido los tribunales la responsabilidad penal de los agentes, se niegue en la práctica a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y a sus familias el derecho a una reparación plena. El nuevo presidente tendrá, por tanto, que adoptar medidas legislativas y ejecutivas para garantizar que las víctimas y las familias de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía reciben una reparación plena, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En particular, como ha recordado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es esencial reformar el artículo 61 de la ley institucional de la policía a fin de establecer la responsabilidad del Estado en todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

Además, es muy importante que el nuevo presidente promueva la ratificación y aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También debe prestar el nuevo gobierno especial atención a la aplicación de la recién ratificada Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con la implementación de todas estas reformas, el nuevo gobierno mostrará inequívocamente su voluntad de mejorar de manera efectiva la protección de todas las personas en la República Dominicana. Estas medidas beneficiarán a la sociedad entera, incluidos los propios agentes de policía, pues contribuirán a convertir a la policía en la institución que todos los dominicanos y dominicanas merecen y tendrán sin duda un efecto positivo en los esfuerzos por abordar la crisis de seguridad pública.

Garantizar que se designa sin más demora al D efensor del P ueblo y se dota a su oficina de los debidos recursos y atribuciones

El hecho de que no se haya designado al Defensor del Pueblo aún, 11 años después de la aprobación de la ley por la que se creó esta institución, priva a la República Dominicana de un organismo que es esencial para mejorar la protección de los derechos humanos en el país.

Es sin duda loable que la República Dominicana haya establecido varias instituciones y órganos gubernamentales con el cometido de promover los derechos humanos, junto con un mecanismo de coordinación entre ellos, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Sin embargo, la República Dominicana necesita también una institución independiente que se encargue de vigilar las violaciones de derechos humanos y recomendar medidas de reparación.

Por consiguiente, el nuevo presidente debe garantizar que se nombra sin más dilación al Defensor del Pueblo, dando cumplimiento así al título VIII de la Constitución de 2010. Muchos órganos de derechos humanos de la ONU han reiterado también esta petición en distintas ocasiones.

La persona designada ha de ser independiente e inmune a las presiones políticas, tener un conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, y un compromiso demostrado con el derecho a interponer recurso de todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.

También es fundamental dotar de recursos suficientes al Defensor del Pueblo, incluidos investigadores competentes e independientes. En particular, dada la frecuencia con que se tiene noticia de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, el Defensor del Pueblo debe tener las atribuciones y los recursos necesarios para investigar las denuncias de abusos policiales, incluidas las violaciones de derechos humanos.

Aplicar medidas efectivas para reducir la violencia de género

El elevado número de mujeres asesinadas por miembros de su familia y la gran cantidad de casos de otras formas de violencia en el ámbito familiar y de agresión sexual indican que hay que hacer más esfuerzos por proteger plenamente el derecho de las mujeres a no sufrir violencia de género. Las organizaciones de derechos de las mujeres, los jueces y fiscales, y los profesionales de la psicología y la medicina contribuyen de manera habitual a dar forma al debate público sobre esta cuestión y han formulado propuestas y recomendaciones concretas.

Resulta alentador observar que se han contraído varios compromisos electorales de abordar el problema de la violencia de género. Los candidatos presidenciales han incluido en sus programas varias medidas legislativas, normativas y administrativas para mejorar la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas.

Se espera, por tanto, que el nuevo presidente aplique todas las medidas ya determinadas. En particular es esencial establecer unidades de asistencia integrada a las víctimas de violencia contra las mujeres en cada una de las 32 provincias del país; garantizar que se inician procesamientos satisfactorios en los casos de violencia de genero, para lo que es necesario en particular aumentar en las fiscalías el personal con formación que se ocupa de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas; garantizar el establecimiento inmediato de al menos un refugio en cada una de las 9 regiones del país; aplicar el Plan estratégico para la prevención detección, atención y sanción de la violenciaintrafamiliar y contra las mujeres 2011-2016, y garantizar que se dota de recursos suficientes a todas las instituciones pertinentes.

El nuevo presidente tendrá también que reparar la situación de violencia y discriminación que viven las mujeres como consecuencia de la prohibición absoluta del aborto. Se considera que la penalización del aborto es un importante factor causante de la alta tasa de mortalidad materna del país. Por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia calculó que en 2007 el 13 por ciento de las muertes maternas eran consecuencia de abortos inseguros.

Como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es esencial que el nuevo presidente promueva la reforma de la legislación nacional con objeto de garantizar que se permite el aborto al menos cuando el embarazo entraña riesgo para la vida o grave riesgo para la salud de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de violación, agresión sexual o incesto.

Garantizar que no se priva arbitrariamente de su nacionalidad a los dominicanos y dominicanas de origen haitiano

Es indiscutible que, como todo otro Estado, la República Dominicana tiene derecho a establecer por ley los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad dominicana. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe privar de nacionalidad a quienes la tenían en el momento de su nacimiento y aplicar retroactivamente la ley.

La Junta Central Electoral ha negado el acceso a documentos de identidad a millares de dominicanos de origen haitiano basándose en la Circular 017 de 2007. En esta directriz se ordenó a los funcionarios del registro civil que examinaran detenidamente los documentos presentados con fines de renovación o registro para ver si se habían expedido erróneamente en el pasado a hijos de extranjeros que no habían demostrado su residencia o situación legal en el país. Como consecuencia de la negativa a expedir documentos de identidad, estas personas se han visto privadas de acceso a educación, empleo y servicios de salud, así como del derecho al voto, y de nacionalidad. Quienes carecen de documentación, están también expuestos a sufrir detención arbitraria y expulsión colectiva, sin acceso a una revisión judicial.

La implementación de la Circular 017 supone aplicar con carácter retroactivo la Ley General de Migración 285/04 a personas nacidas antes de su promulgación, en 2004. La nueva Constitución dominicana, que entró en vigor en enero de 2010, consolidó la excepción al derecho a la nacionalidad de los no residentes introducida por la Ley General de Migración de 2004. Según la Constitución anterior, las únicas personas que podían ser excluidas de la garantía constitucional del derecho a la nacionalidad eran los hijos de diplomáticos y de personas en tránsito. La nueva Constitución amplía esta exención a los hijos de quienes se considere que están residiendo ilegalmente en el país. Esta nueva disposición sobre la nacionalidad contradice directamente la sentencia dictada en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, según la cual la condición de migrante de un progenitor no afecta al derecho a la nacionalidad del hijo.

La situación de incertidumbre y negación de derechos en que viven miles de dominicanos de ascendencia haitiana ha suscitado preocupación en varios órganos internacionales y regionales de derechos humanos. Ya en 2008, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a la República Dominicana a “adoptar medidas inmediatas, en particular la eliminación de obstáculos administrativos, para expedir documentos de identidad a todos los dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos aquellos cuyos documentos hayan sido confiscados o destruidos por las autoridades”. En marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que la República Dominicana tenía que abstenerse de aplicar con carácter retroactivo la legislación sobre migración de 2004 y mantener la nacionalidad dominicana de todas las personas que la tuvieran en el momento de su nacimiento. El Comité pidió en particular que la República Dominicana informara en el plazo de un año de la aplicación de esta recomendación en concreto.

El nuevo presidente debe tomar medidas decisivas para cumplir con las recomendaciones que acabamos de mencionar a fin de reparar la violación de los derechos de miles de personas. En particular, es esencial acatar plenamente la sentencia y las conclusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; retirar la Circular 017 y adoptar medidas efectivas para poner fin a las prácticas discriminatorias vinculadas a la concesión de la ciudadanía y el registro del estado civil, incluidos los documentos de identidad; garantizar que todas las personas afectadas por la Circular 017 reciben una indemnización completa por los daños derivados de su aplicación, y evitar toda aplicación retroactiva de la Ley General de Migración 285/04 y de la Constitución.

Garantizar que se protegen plenamente los derechos de las personas migrantes haitianas

La República Dominicana tiene derecho a establecer sus políticas sobre migración. Sin embargo, como todo otro país, tiene también la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, con independencia de su situación. Entre ellos figuran el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no sufrir detención arbitraria ni expulsión colectiva sin acceso al debido proceso, y la protección contra la privación arbitraria de bienes y documentos de identidad y contra la discriminación. Al ser la República Dominicana un país tanto de origen como de destino de migrantes, las autoridades deben ser especialmente conscientes de la importancia de garantizar la protección de todos los migrantes presentes en su territorio.

Sin embargo, en la práctica los migrantes haitianos de la República Dominicana están especialmente expuestos a sufrir diversas violaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, las autoridades dominicanas siguen llevando a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos a pesar de un llamamiento que hicieron en febrero de 2010 –y reiteraron en junio de 2011– el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que se suspendieran por razones humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití, dado el terremoto ocurrido en el país en enero de 2010.

Hay indicios de que continúan llevándose a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos, violando las normas internacionales de derechos humanos y sin que los expulsados tengan medio de recurrir contra la decisión. Las expulsiones colectivas contravienen el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación acordado por las autoridades dominicanas y haitianas en diciembre de 1999. Al firmarlo, la República Dominicana accedió a mejorar sus mecanismos de expulsión y contrajo una serie de compromisos específicos, entre ellos evitar separar núcleos familiares durante el proceso de repatriación y permitir que las personas expulsadas recojan sus pertenencias y conserven sus documentos de identidad.

Aunque la aprobación del reglamento de aplicación de la ley de migración de 2004 es motivo de satisfacción, las ONG que trabajan sobre los derechos de las personas migrantes han expresado preocupación por la ausencia de garantías esenciales de protección de estas personas en los procedimientos de expulsión. Además, los trabajadores migrantes no pueden recurrir contra las órdenes de expulsión ante una autoridad judicial competente, en contravención de las normas internacionales y constitucionales sobre el debido proceso.

El nuevo presidente tendrá que demostrar voluntad política inequívoca de proteger los derechos de las personas migrantes, en particular respondiendo al llamamiento de la ONU de suspender por razones humanitarias todas las devoluciones involuntarias a Haití; poniendo fin a las expulsiones arbitrarias y masivas y garantizando que se respetan los derechos humanos de los trabajadores migrantes en todos los procesos de expulsión; garantizando que todos los trabajadores migrantes pueden recurrir contra la orden de expulsión ante un órgano judicial competente, y promoviendo la ratificación y aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Poner fin a los desalojos forzosos y proporcionar a toda persona acceso a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia

Se llevan a cabo un elevado número de desalojos forzosos en todo el país, especialmente en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo. Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos 100. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el debido proceso ni consulta adecuada con las comunidades afectadas, con objeto de disponer de tierras para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, causadas por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo forzoso.

La falta de escrituras y de seguridad de tenencia –que, según cálculos, afecta a más del 50 por ciento de la población (el 75 por ciento en Provincia Santo Domingo)– son algunos de los argumentos principales esgrimidos por las autoridades para justificar los desalojos forzosos.

El nuevo presidente tendrá que garantizar que la República Dominicana cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con las relativas al derecho a una vivienda adecuada y asequible. Como ha recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es esencial adoptar y aplicar todas las medidas legislativas y normativas necesarias para promover la seguridad de la tenencia, reducir la vulnerabilidad y promover el acceso igualitario a los recursos de vivienda; garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos en circunstancias excepcionales y tras una consulta genuina con las comunidades afectadas para determinar todas las alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento, y garantizar a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento alternativo adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso efectivo.

7. Promover la firma, ratificación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos

Cuando un país ratifica tratados internacionales y regionales de derechos humanos, transmite una importante señal que indica a quienes viven en su territorio y a la comunidad internacional que se compromete a hacer todo lo necesario para respetar, proteger y promover los derechos recogidos en esos tratados.

Por este motivo, el nuevo presidente mostrará su compromiso con la necesidad de dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos garantizando la firma y ratificación o adhesión a los siguientes tratados internacionales de derechos humanos:

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Las prioridades que tendrá que establecer el nuevo presidente al dirigir el país son múltiples y variadas. Por encima de todo, Amnistía Internacional espera y confía en que los derechos humanos se entiendan, no como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana. Todas las cuestiones que afectan al desarrollo y el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto son en el fondo cuestiones de derechos humanos. El principal objetivo del jefe del Estado ha de ser, por tanto, respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana.

Amnistía Internacional confía en que en el periodo previo a las elecciones del 20 de mayo, todos los candidatos den la debida prioridad a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. La organización espera tener noticia de propuestas claras y concretas de los candidatos a este respecto.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr.13.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 14.

Véanse, por ejemplo, Comité de los Derechos del Niño, 1 de febrero de 2008, CRC/C/DOM/CO/2, párrs. 15 y 16; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 16 de mayo de 2008, CERD/C/DOM/CO/12, párr. 10; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 19 de noviembre de 2010, E/C.12/DOM/CO/3, párr. 9, y Comité de Derechos Humanos, 29 de marzo de 2012, CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 9.

Según el documento Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2010, la tasa de mortalidad materna en 2007 fue de 159 por cada 100.000 partos. El informe está disponible en: HYPERLINK “http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf” http://www.stp.gov.do/eWeb%5CArchivos%5CLibros%5CInforme_Objetivo_Desarrollo_del_Milenio.pdf .

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 15.

Se puede consultar la sentencia en HYPERLINK “http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf” http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf .

CERD/C/DOM/CO/12, párr. 16.

CCPR/C/DOM/CO/5, párr. 22.

E/C.12/DOM/CO/3, párr. 27.

REPÚBLICA DOMINICANA – IZQUIERDA REVOLUCIONARIA RECHAZA PRESENCIA MILITAR DE EEUU EN LA ISLA

30 Apr

Públicado en: Webguerrillero: http://networkedblogs.com/x15ak

Un conjunto de organizaciones de la izquierda revolucionaria protestaron la mañana de este sábado, 28 de abril, frente a la embajada de los Estados Unidos en el País en contra de las intenciones de instalar una  base militar americana en la isla Saona.
Los manifestantes depositaron un documento en la secretaria general de la embajada americana donde rechazan las intenciones de instar la referida base militar.
La protesta, estuvo encabezada por el líder del Movimiento Camañista, Narciso Isa Conde,   y presidente del Partido Alternativa Revolucionaria (AR), Ramón Almánzar, así como también decenas de ciudadanos que marcharon “en contra de cualquier intento de invasión norteamericana a la isla”.
La manifestación se llevó a cabo en el marco de conmemorarse hoy, 28 de abril, 47 años de la invasión norteamericana del 1965.
Isa Conde explicó que a pesar de que miembros de la Policía Nacional intentaron impedir el acercamiento de los manifestantes al local de la Embajada, ese organismo diplomático autorizó el paso de una comisión que hizo entrega del documento que está dirigido al presidente de EE. UU. Barack Obama.
Los protestantes recorrieron la avenida Simón Bolívar de esta capital hasta llegar al Parque Independencia donde depositaron una ofrenda florar a los padre de la patria.
Luego, se trasladaron a la Puerta del Conde donde depositaron una ofrenda floral en la estatua del héroe de la revolución de abril.
Bajo las consignas “que vivía Caamaño”, “fuera los Yanquis” “no a la base militar”,  los manifestantes  protestaron y cantaron el Himno Nacional y el Himno de la Revolución de Abril.
De su lado, el  presidente del Partido Alternativa Revolucionaria (AR), Ramón Almánzar, calificó de “grosera” la intervención norteamericana de 1965 por lo que exhortó al país a luchar por vivir en una patria democrática y libre de cualquier dominación extranjera.
“Ratificamos que el imperio americano nunca más volverá a ocupar nuestro territorio porque aquí somos hombres y mujeres de armas libres y de sentimientos soberanos” expresó.
El presidente del Movimiento Pro Dominicano, Ramón Pineda, llamó a la población a luchar en contra de la partidocracia que según dijo “es la culpable de todos los males de la República Dominicana”.
 

El rol del estado, la democracia y los movimientos sociales en busca de una globalización alternativa

12 Jun

En clase discutimos sobre la representación hegemónica de la globalización, principalmente el aumento de la gobernanza y la disminución de la democracia participativa.

En mi síntesis me centraré en la busqueda de soluciones y posibles vías de resistencia a la globalización hegémonica, especialmente en el caso latinoaméricano y en específico el centroaméricano.

El aumento de la Gobernanza y el descenso de la Democracia

América Latina, siempre ha sido el conejillo de indias tanto de Europa como de los Estados Unidos. Chile fue una de las primeras víctimas de las políticas neoliberales, que más tarde se extenderían por todo el continente.

Los pueblos latinoaméricanos, que ya se caracterizaban por la desigualdad que heredó del colonialismo, se ven aún mas afectados cuando se les da rienda sueltas al dinero, ya que las políticas neoliberales han dado prioridad a la desregulación, privatización y han puesto al servicio de las multinacionales la explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata. Como nos afirma Estévez Araujo, el neoliberalismo no ha hecho mas que “disminuir el poder del estado y aumentar el del mercado.”#

El neoliberalismo a su vez, se ha valido de la gobernanza para poder implementar sus políticas en los estados. ¿Qué es exactamente la Gobernanza? Estévez Araujo la define como el conjunto de nuevas formas de regulación y de gestión administrativa que han surgido en el marco de la globalización neoliberal.# Entre éstas nuevas formas se encuentran la lex mercatoria, la autorregulación y la nueva gestión pública que imita el modelo empresarial.

De acuerdo con Estévez Araujo la gobernanza surgió debido a la desconfianza que sucitó la autonomía que pudieran tener los representantes políticos y para ello se instaura un mandato imperativo que vincula a los representantes políticos con los grupos sociales dominantes.

Entre las manifestaciones de la gobernanza Estévez Araujo menciona a las agencias independientes de la Unión Europea, las cuales han resultado en una privatización del proceso de toma de decisiones, ya que su principal tarea ha sido la de convertir a las empresas “en los actores dominantes en el proceso de policy making.” Podriamos tambien hablar de instituciones no democráticas como lo son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OMC, las cuales imponen políticas económicas a los estados y limitan la soberanía de éstos.

Por otra parte, la gobernanza construye barreras que impiden la participación directa de los ciudadanos, pues su objetivo no es la democracia participativa, ni las transformaciones sociales sino el mantenimiento del orden capitalista.

Basado en la situación actual, en la que observamos un decenso de la democracia, tratare de responder a la pregunta ¿de dónde tiene que venir la participación política dentro de la gobernanza?

El rol del estado en una supuesta era pos-nacional

Podríamos asumir con confianza que la globalización económica y la gobernanza han aumentado la desconfianza en el estado. Esto ya es muy obvio en estados europeos y aún mas en estados latinoaméricanos, donde la corrupción y la falta de gobiernos responsables ha causado un aumento de apatía y pérdida de confianza en el estado. Un ejemplo de ello es el movimiento ‘Vota por ninguno’# en República Dominicana, donde se le pedía a la Junta Central Electoral Dominicana que se incluyera en la boleta electoral una casilla para votar en blanco o por ninguno.

El argumento central de ‘Vota por ninguno’ es que no existen partidos políticos, ni candidatos que representen a la ciudadanía dominicana y por lo tanto, en vez de abstenerse del voto, el cual sería un acto pasivo, que puede o no significar un rechazo a los candidatos; un voto en blanco sería un acto explícito de rechazo a los candidatos.

Sin embargo, aunque este tipo de campañas haya logrado reflejar el inconformismo de los ciudadanos, y la desconección entre la sociedad civil y los partidos políticos, no pueden resolver el problema central del sistema político, ni logra construir alternativas políticas.

Al contrario del caso Europeo, la lucha en latinoamérica aún reside mayormente en hacer que el estado rinda cuentas de sus responsabilidades sociales (educación, seguridad social, salud) o lo que Bourdieu llama la mano izquierda del estado#. En Europa, principalmente en europa occidental, ya se ha logrado un estado de bienestar, y aunque éste esté en riesgo de ser desmantelado, por lo menos existe una base por la cual luchar.

Por tanto, aunque nos movemos hacia una supuesta era pos-nacional, la lucha latinoaméricana reside aún el estado, ya que es el único instrumento capaz de frenar las políticas neoliberales, de hacer responsables a las corporaciones y de construir un verdadero estado social, al servicio de la ciudadanía.

En América del sur, ya hay ejemplos para ser optimistas, el fracaso de las políticas neoliberales y la creciente desigualdad ha llevado al poder a líderes socialistas y social-democrátas en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay y Brazil. Éste cambio en latinoamérica no ha llegado a través de la guerrilla, una revolución armada o el Che Guevara, sino que ha llegado a través de elecciones democráticas. Es decir que en algunos países de latinoamérica, el estado ha sido el principal instrumento para la lucha contra las políticas neoliberales y contra la gobernanza. Obviamente no se ha ganado la batalla, pero se han dado pasos que años atrás hubieran sido inpensables, como lo son la nacionalización del petróleo (Venezuela), o otorgarle derechos a la naturaleza (Bolivia).

A pesar de que nos movemos a una era pos-nacional, el estado tiene aún el poder de poner freno a los mercados financieros, y a los tratados de libre comercio. No podemos negar que actualmente muchos gobiernos estan atado de las manos gracias a las políticas de instituciones no democráticas (FMI, BM, OMC) y los tratados de libre comercio, pero tampoco podemos negar que los estados tienen o tubieron soberanía a la hora de aceptar o no estos acuerdos.

Los estados tienen la libertad de decidir como estructurar su economía, si aceptar o no las condiciones y tratados económicos, pero tienen mucho menos libertades despúes de hacerlo.

Movimientos Sociales y estado

Considero, como se discutió en clase, de que el estado actuará a nuestro a favor cuando todos formemos parte del estado, es decir cuando el estado verdaderamente represente a su pueblo. Sin embargo, lograr que los estados realmente representen a la ciudadanía es uno de los mayores retos de nuestra actualidad. Hoy en día los asuntos del estado están cada vez mas sujetas a organizaciones no democráticas, o inclusive a otros estados hegémonicos, como los Estados Unidos o la Unión Europea.

En el texto Experiencias participativas en el ámbito de lo público#, Giménez considera que los movimientos sociales deben redefinir su campo de actuación más allá del ámbito local, para que puedan introducir reivindicaciones básicas en la agenda política mundial. El autor también considera que existe la necesidad de democratizar el espacio de los movimientos sociales para que sean suceptibles a ser extendidas al ámbito jurídico-público.

El estado no puede llegar solo a crear una transformación social, y por tanto es necesario que los movimientos sociales ejerzan una política de influencia tanto sobre las autoridades como sobre la sociedad, y que velen por que los gobiernos cumplan con las responsabilidades que tienen hacia la sociedad civil.

Boaventura Sousa Santos propone un sector de solidaridad internacional y para ello plantea una “globalización contrahegemónica”#. La “globalización contrahegemónica” parte de la premisa de que no se pueden buscar soluciones locales a problemas globales y dentro de ésta cita dos tipos:

1.

Cosmopolitismo: consiste en el poder de los estados-nación, regiones, clases y grupos sociales subordinados, de organizarse transnacionalmente en defensa de sus intereses comunes. Dicha organización contraresta los efectos dañinos de las globalizaciones hegemónicas, y crea nuevas oportunidades de creatividad y solidaridad transnacional. Estas actividades cosmopolitas incluyen, las organizaciones mundiales de trabajo, las organizaciones de derechos humanos, redes de desarrollo sostenible, entre otros.
2.

Herencia común de la humanidad: son los procesos que, para Sousa, son “tan globales como el globo mismo”. En ésta categoría se incluyen asuntos que conciernen a toda la humanidad, como los son, la sustentabilidad de la tierra, protección de la capa de ozono y el amazonas, etc.

El Cosmopolitismo y la Herencia común de la humanidad son globalizaciones desde abajo y contrahegemónicas, ya que son conflictos de resistencia, luchas y coaliciones contra la jerarquía del sistema mundial y la interdependencia.

Mientras Sousa Santos propone que luchemos contra la gobernanza globalizando los movimientos sociales, Ramón Capella es más escéptico. En el texto Nuestro problema#, Capella nos advierte que los movimientos sociales, al igual que las ONG, carecen de un instrumento político que pueda producir una transformación social.

Aunque el Foro Social Mundial sea un gran paso en la lucha contra la globalización hegemónica (y neoliberal) nuestros instrumentos de mediación siguen siendo los estados y las instituciones políticas. Por ende, Capella sugiere una reforma parlamentaria que pase a incluir los movimientos sociales, es decir que los movimientos sociales deben luchar por un nuevo tipo de mediación política más participativa.

Existe también, según Capella, la necesidad de reestructurar los sindicatos los cuales han sido corporativizado y burocratizados, el autor también sugiere que los sindicatos pasen a incluir y organizar a las minorías más vulnerables, como lo son los inmigrantes, los precarios, los parados, etc.

Considero, como Capella y como Giménez, que los movimientos sociales son vitales para la lucha contra el neoliberalismo, siempre y cuando logren usar instrumentos jurídicos- políticos para alcanzar cambios en la política estatal y global.

Aunque el esparcimiento de la globalización y la gobernanza nos puede llevar a pensar que la ciudadanía universal o una sociedad civil global tiene que ser la base para proyectos políticos progresistas, no nos podemos olvidar que los estados siguen teniendo la mayor capacidad de afectar la organización económica. El obstáculo consiste en que algunos estados han adquirido un poder hegemónico que le ha permitido implementar políticas económicas en otros estados, por ello la necesidad de ir en busca de una solidaridad internacional, tanto en los países hegemónicos, como en el resto de países que se ven afectados.

En el caso latinoaméricano, en el que se busca un estado soberano que reconozca los derechos básicos de la sociedad civil y que ponga freno a las economías abiertas que tando daño han causado los campesinos y a la clase trabajadora, se necesita también ir en busca de una solidadidad transnacional. Por ejemplo, los países centroaméricanos pertenecientes al tratado de libre comercio DR- CAFTA (República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Honduras y Costa Rica) podrían unirse transnacionalmente y buscar apoyo político para presionar a sus propios gobiernos a eliminar o por lo menos disminuir el daño creado por el TLC, así como también buscar la solidaridad de movimientos sociales estadounidenses.

El movimiento Zapatista, es un buen modelo de un movimiento transnacional que presentó una resistencia significante al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), para ello buscaron aliados transnacionales pero enfocándose en la busqueda de la soberanía y libre determinación del estado. Los zapatistas demandaban control local de los recursos naturales (que comenzaban a ser monopolizadas por corporaciones multinacionales) y una mayor rendición de cuentas al estado mexicano.

Información desde abajo

Además de la necesidad de la democratización de los movimientos sociales y la apertura del estado a los movimientos sociales y a la ciudadanía, se necesita también una democratización de los medios de comunicación, así como también de las ciencias sociales, en especial de la historia, que por siglos ha sido contada de arriba hacia abajo, y monopolizada por el eurocentrismo.

Una persona puede elegir libremente cuando está bien informada, es decir que no es manipulada a través de informaciones sesgadas y bombardeada con propaganda. El problema en latinoamérica es que los medios de comunicación están manipuladas por grandes empresas que deciden el contenido de las noticias y que representan a la sociedad latinoméricana como les parezca. Por ende, no nos debe sorprender que las costumbres y realidades de los pobres, campesinos, los negros y los índigenas rara vez son enseñados en los principales canales y emisoras latinoaméricanas.

La historia también ha sido manipulada por las clases altas y por el eurocentrismo. Todavía se celebra el 12 de octubre, en la mayor parte de latinoamérica, como el “Día de la raza”, y se nos vende como un “intercambio de culturas”; asimismo de la historia desaparecen las visiones y legados indígenas y africanos. En República Dominicana, se construyen costosos monumentos a Colón, pero ninguno al esclavo o a la herencia africana. Por lo tanto, ésta visión unilateral de la historia y de la manera de representarnos, lo que causa es una visión sesgada de lo que es la identidad latinoaméricana.

Existe la gran necesidad de abrir a debates la historia de los países latinoaméricanos, de fomentar la investigación histórica y de contar la historia de los oprimidos. Los movimientos sociales pueden desempeñar un papel crucial a la hora de abogar por una educación más abierta al debate, así como también se puede lograr a través de redes universitarias, radios comunitarias y el internet.

El internet podria considerarse como un medio emancipatorio, ya que a través de él tenemos acceso a una infinidad de opciones de información, así como también la facilidad de establecer redes de solidaridad, y de contar nuestras realidades. Sin embargo, no podemos olvidar que en muchos rincones del mundo el internet sigue siendo un lujo, y donde la radio (en especial las radios comunitarias) es todavia el medio emancipatorio que le da voz a los que nunca han podido ser oídos.

Con unos medios de comunicación más democráticos se podrán escuchar nuevas ideas, teorías o por lo menos desafiar a las ya existentes, por ejemplo nuevos análises económicos, los cuales están monopolizados por economistas neoliberales; así como también una expresión cultural que represente más al pueblo.

Conclusión

No existe una fórmula única, ni exacta para lograr una transformación social. Considero que la transformación puede venir a través de diferentes vías, pero en especial con la presión que pueden ejercer los movimientos sociales tanto en el estado como en la sociedad civil.

Dentro de las prioridades latinoaméricanas para lograr una transformación social y otorgar más derechos a los ciudadanos:

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Límite al poder empresarial: Acabar con los tratados de libre comercio, NAFTA, CAFTA que impulsan un comercio injusto y le quitan la soberanía a los estados.
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Terminar con las bases militares estadounidenses: no apoyar la hegemonía estadounidense y la militarización del mundo
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Una economía que respete el ecosistema: otorgarle derechos a la naturaleza, como se ha logrado en Bolivia y Ecuador.
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Educación: exigir una inversión justa del PIB a la educación. Fomentar la investigación y una visión participativa de la historia.
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Comercio justo: acabar con las zonas francas (donde las corporaciones pueden evadir impuestos y ser inmunes a las leyes locales) y establecer salarios mínimos decentes.
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Aumentar la democracia participativa: crear instituciones políticas que fomenten la democracia participativa, darle voz a los movimientos sociales, reformarlos sistemas electorales y la financiación de partidos para que estén más alejados de los empresarios y más cerca de la sociedad civil.
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Reforma de medios de comunicación: los medios de comunicación deben ser patrimonios de la cultura, y tienen la responsabilidad de darles voz a los que no la tienen.

Considero que para lograr éstos cambios citados arriba se necesita del estado para que se puedan implementar, pues el estado es el único instrumento que conocemos hasta ahora que pueda poner freno a la globalización hegemónica (al mercado y al capital).

Sin embargo, para que el estado verdaderamente funcione como un brazo de la sociedad civil, tenemos que organizarnos en movimientos sociales para poder ejercer presión y lograr que los ciudadanos seamos escuchados.

Bibliografía

Bourdieu, Pierre, Contrafuegos: reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, Barcelona, Anagrama 2000.

Capella, José Ramón, Nuestro Problema; Mientras Tanto, número 83, septiembre de 2010, http://www.mientrastanto.es.

Estévez Araujo, José A., Que no te den gobernanza por democracia, Mientra Tanto, 108-109, Enero 2009.

Giménez Merino, Antonio, Experiencias participativas en el ámbito de lo público: del ágora local al ágora global.

Sousa Santos, Boaventura, Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, Utopías, nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 178, 1998 , pàg. 91-106.

Traumas en el alma de la dominicanidad

19 Mar
por Juan Bolívar Díaz | clavedigital.com | 13-03-2010 |

•La conferencia lleva por subtítulo “Atavismos que tiene que superar la sociedad dominicana para alcanzar un adecuado grado de desarrollo, convivencia y equidad social”.

Cuando se publicó el Informe Nacional de Desarrollo Humano de la República Dominicana 2005, fueron muchos y muchas los sorprendidos por un dato del que no habíamos hecho conciencia: La República Dominicana era el país latinoamericano de mayor crecimiento económico promedio en los últimos 50 años, e incluso uno de los más altos del mundo.

Pero al mismo tiempo era el que más había desperdiciado las oportunidades de traducirlo en desarrollo humano.“En este período el crecimiento del ingreso ha sido ejemplar: el más alto de América Latina y el Caribe, y menos volátil que el promedio regional.

A pesar de ello, el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano, menos de lo que avanzó el mundo y por debajo del promedio de los países de la región”, indica el informe.

El pesado documento ensaya una serie de explicaciones a esa contradicción dominicana. En la introducción a su segunda parte concluye en que “lo que está fracasando es la forma en la que nos organizamos para aprovechar las oportunidades del crecimiento económico, para generar divisas,  para insertarnos en la globalización y para vivir en una sociedad caracterizada por un estado de derecho deficiente que promueve la impunidad y la ilegalidad, por una cultura política clientelista y con instituciones débiles que fomentan la exclusión social”.

En los últimos años y en la medida en que se han multiplicado las evaluaciones internacionales, hemos resultado también sorprendidos porque la República Dominicana ocupa los últimos lugares en aspectos básicos del desarrollo humano y la organización social.Citemos tan solo el Indice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del 2009, en el cual sobre un total de 133 países evaluados, la República Dominicana ocupa el escalón 127 en desviación de los fondos públicos, el 129 en calidad del sistema educativo, y el 130 tanto en calidad del suministro eléctrico, como en fiabilidad en los servicios policiales.

Todavía llegamos más al fondo, porque en calidad de la educación en matemáticas y ciencias alcanzamos el puesto 131, llegamos al 132 en dos renglones: calidad de la educación primaria y derroche en los gastos del gobierno, hasta ser campeones con el último escalón, el 133, en favoritismo en las decisiones de los funcionarios.

Muchos nos venimos preguntando qué es lo que pasa en una sociedad que se transforma materialmente en sus polígonos centrales y al mismo tiempo expone dramáticamente la pobreza y la exclusión en sus caóticas periferias. Cómo es que tenemos tantos medios de comunicación y un discurso de post modernidad y no hemos podido garantizarnos los servicios elementales de  energía eléctrica y agua potable. Cómo es posible que viviendo cada vez más del turismo no dispongamos de alcantarillados sanitarios en la mayoría de las urbes, por lo que las aguas negras contaminan nuestras playas. Por qué razón el 57 por ciento de los dominicanos dicen que si pudieran se irían del país.

Pocos países del mundo han hecho en las últimas dos décadas tantas reformas legales e institucionales como la República Dominicana. Pero es casi seguro que en ninguno se pueda encontrar un desprecio tan olímpico por el imperio de la ley. La mayoría de las nuevas leyes se violan total o parcialmente. Baste señalar la Ley que instituye el Defensor del Pueblo, promulgada en el 2001 y que todavía no ha sido puesta en vigencia, nada menos que por las mismas cámaras legislativas. Y la Ley General de Migración del 2004 que aún espera por el reglamento correspondiente.

Ya en 1998 el expresidente de Chile Patricio Alwin al clausurar un seminario con unos 25 líderes políticos y sociales dominicanos en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, nos felicitaba por haber llegado a un consenso sobre las políticas sociales que deberíamos implementar, pero nos advertía que tenía la impresión de que con la misma facilidad con que consensuábamos acuerdos poco después los desconocíamos.

Quedé en una comisión tripartita que debía dar a conocer el consenso de Washington sobre políticas sociales al regresar a Santo Domingo, pero nunca pudimos hacerlo, porque la confrontación política en el país impidió reunir a los representantes de los dos partidos mayoritarios.

Más allá de las interpretaciones clásicas de las ciencias sociales que proclaman el predominio de una minoría centralizadora y excluyente, creo que hay algunos traumas en el alma de la dominicanidad que castran las energías creadoras, que mantienen la mayoría de la población en el conformismo y la indiferencia, incapacitados para sumir un papel activo de ciudadanía que cambie el curso del subdesarrollo y el atraso dominicano.

Hay una serie de atavismos en la cultura dominicana que mantienen el pueblo en la subordinación, incapacitado para descifrar los hilos de la dominación, desconfiado de su propio destino, confundido de su identidad racial y cultural, que lo sume en complejo de inferioridad, víctima de una visión fatalista de su historia, esperando que una autoridad o ser superior le resuelva sus problemas, como ha demostrado la serie de encuestas sobre cultura política y democracia, auspiciada por la Universidad Católica Madre y Maestra.

Hay que remontarse a los orígenes mismos del pueblo dominicano para intentar una aproximación a los factores que determinan los atavismos que reducen sus posibilidades de desarrollo humano e institucional.

Algunos lo ubican en la cultura taína, de escaso desarrollo tecnológico, artístico y económico. Pero basta considerar que Guatemala, México, Perú y Bolivia, asiento de las culturas precolombinas más desarrolladas, como la maya, azteca y andina, no han ido más lejos que los caribeños, para que tengamos que buscar por otros ámbitos el origen de nuestros atavismos.

Cuando recorremos los caminos del Inca en alto Perú y comprobamos cuán avanzada era aquella civilización en el dominio de la arquitectura y la ingeniería, de la medicina y la agricultura, de la meteorología y la astronomía, terminamos preguntándonos qué rayo, qué anatema cayó sobre su alma que los redujo a los pueblos pasivos y atolondrados en que han devenido sus descendientes.

Fue la conquista española y europea, brutal, aniquiladora y expoliadora, que superaba a los nativos en tecnología militar, la que empezó a castrar las energías de los pobladores de estas tierras, especialmente en la región del Caribe y particularmente en la isla de Santo Domingo, donde medio siglo después de la llegada de la “civilización cristiana” no quedaba un solo nativo en pie. Los genocidios, las enfermedades y la explotación inmisericorde de que fueron portadores los conquistadores aniquilaron la población nativa.

A nombre de un paraíso después de la muerte, los conquistadores predicaron la resignación, mientras justificaban la explotación, y como diría monseñor Desmond Tuto, el Arzobispo anglicano de Sudáfrica, nos pidieron que cerráramos los ojos para que el Señor escuchara nuestras súplicas, y cuando volvimos a abrirlos, éramos dueños de la biblia y los conquistadores de nuestras tierras y riquezas.

Cierto que hubo verdaderos cristianos como Bartolomé de las Casas, Pedro de Córdova o  Antón de Montesinos, que clamaron por el respeto a aquellos indios, pero no pudieron impedir la aniquilación y el exterminio.

Tres siglos de tráfico de esclavos, de corsarios, filibusteros y bucaneros sembrarían como nunca la violencia  y el despojo, exportados por la “civilización” europea, y marcarían indeleblemente el destino de la isla hasta configurar dos naciones en el estrecho espacio de una pequeña isla caribeña, como caso único en el mundo.

Las distorsiones más trascendentes en el alma de la dominicanidad se remontan a sus orígenes coloniales y a las circunstancias en que se incubó la nación dominicana. La cultura que sustituyó la sociedad taína era expresión de una España ganadera y agrícola, con escaso desarrollo industrial, donde menos del 2 por ciento de la población era propietario del 97 por ciento de las tierras, concentrada en extensos dominios del Rey, las por órdenes militares y el alto clero, como nos cuenta Frank Moya Pons en su Manual de Historia Dominicana.

España nos legó una lengua y rasgos culturales fundamentales, pero fue una madre irresponsable que abandonó a su primogénita una y otra vez, negociándola a su mejor conveniencia. Quienes la encarnaron en la parte oriental de la isla de Haití, bautizada como La Hispaniola, la reivindicaron en oposición a la raza y cultura de los negros esclavos que terminaría dominando el lado occidental. Y lo hicieron con tal persistencia y devoción que después del Tratado de Basilea con el que en 1895 España cedió la parte oriental para unificar la isla bajo el dominio de Francia, volvieron a pelear para restituirla al dominio español, originando el período que con toda razón los historiadores denominaron como de la “España Boba”.

Y más aún todavía después de 16 años de creada la República Dominicana los hispanófilos la anexarían a España, haciendo necesaria una guerra para restablecer la república.Vale advertir que la historiografía colonialista dominicana ha querido ocultar que la devoción hispanista no era sólo por amor a la madre patria, sino también y muy especialmente por rechazo a la revolución antifeudal que produjo la primera independencia negra del mundo, y abolió la esclavitud al contagio de los principios de igualdad de la revolución francesa de 1789.

Prueba de ello es que los grupos dominantes dominicanos intentaron refugiar en Santo Domingo los remanentes de las tropas napoleónicas derrotadas por los independentistas haitianos, para lo cual aceptaron ayuda de los ingleses, y restablecieron la esclavitud en la parte oriental que un año antes había abolido el revolucionario haitiano tras el tratado de Basilea.

En otras palabras, que la nación dominicana emerge en oposición a la  emancipación de los negros y a la abolición de la esclavitud, a pesar del alto componente de negros y mestizos que superaban con creces a los españoles al comienzo del siglo diecinueve.

El padre Juan Vásquez, quien murió quemado en su iglesia de Santiago en uno de los terribles ataques de las tropas haitianas de Dessalines y Cristóbal cuando el general Luis Ferrand intentó mantener el dominio francés en el Santo Domingo español, dejó patente la confusión de la naciente dominicanidad en una expresiva quintilla que dice:

“Ayer español nací

A la tarde fui francés

A la noche etíope fui

Hoy dicen que soy inglés

No sé que será de mí”

No hay la menor duda de que el legado cultural español fue fundamental en la conformación de la colonia del Este de la isla, como el francés lo fue posteriormente en el Oeste.

En la medida en que se extinguían los nativos, el componente de estos en la emergente cultura dominicana sería ocupado por los esclavos traídos para aligerar la carga de los indígenas.

A latigazos y trabucazos los conquistadores aplastaron a los taínos de la isla. Pero no fue sólo eso, José Luis Sáez en su valiosa obra “Apuntes para la Historia de la Cultura Dominicana”, cuenta que el proceso de imposición cultural -deculturación lo llama- llegó al grado que a los nativos que trabajaban en las explotaciones mineras en el bronco sol y calor caribeño, se les prohibió bañarse a diario, porque los teólogos españoles lo consideraban dañino para la salvación.

“Esos cambios bruscos, junto con la aparición de enfermedades desconocidas hasta entonces en la isla, fueron la causa principal del rápido descenso de la población indígena en el siglo XVI, que en poco más de trece años se había reducido a un diez por ciento, e hizo necesaria la importación de emigrantes africanos”.

El aplastamiento, el despojo, la imposición sería total, estableciendo  a la fuerza los valores religiosos de una España de cruzadas y otras barbaries a nombre de la fe cristiana. En su Versainograma a Santo Domingo Pablo Neruda diría en 1965 que:

“Enarbolando a Cristo con su cruz

Los garrotazos fueron argumentos tan poderosos

Que los indios vivos se convirtieron pronto

En cristianos muertos”

La impotencia y la fatalidad fueron tan grandes que los indios apelaban al suicidio y las indias ahogaban a sus criaturas o tomaban yerbas abortivas para evitar la reproducción de su raza, aún en el caso de matrimonios con españoles.

Moya Pons en su Historia Colonial de Santo Domingo sostiene que “ser español fue para los vecinos de Santo Domingo durante todo el siglo XVIII, no ser francés” y que “ser dominicano, esto es, habitante de Santo Domingo, quería decir ser español, mantener el carácter hispánico de las costumbres y los usos religiosos, siempre apegados al catolicismo formal más tradicional que pudiera imaginarse”.

Sáez apunta que en el siglo de la revolución que proclama los derechos humanos, ser francés era la exaltación de todos los valores contrarios a lo que España había representado en la isla.

La cultura española de la conquista transportó los antivalores de la subordinación, de la resignación ante fuerzas superiores, del despojo y la imposición que se extenderían luego a los africanos y su descendencia y que las clases dominantes de la colonia reproducirían mientras se conformaba la dominicanidad.

La herencia étnica taína es insignificante en el mestizaje que se produciría en la isla de Santo Domingo. En ese aspecto los indios también fueron sustituidos por los negros cazados en Africa durante dos siglos a partir del inicio del 16, que siempre fueron un número muy superior al de los blancos.

Sáez consigna que para 1546 los negros serían 12 mil y los blancos 5 mil y que un siglo después, con sus descendientes mulatos, se habrían reducido a tres mil 835, cuando los blancos eran 2 mil 567.Citando al Oidor Echagoian Moya Pons los cuantifica en 20 mil para 1568, reduciéndolos a  9 mil 648 a comienzos del siglo 17, lo que puede atribuirse a una epidemia que sepultó a más de la mitad en los años que siguieron a la invasión de Francis Drake en 1586.

El record demográfico de la isla fue muy afectado por las epidemias, las despoblaciones, las matanzas y las inmigraciones y emigraciones de negros y blancos. Sólo hay que considerar que según Moya Pons el promedio de vida de un esclavo que trabajaba en los ingenios en el siglo 17 era de apenas 7 años. Entre tanto el mestizaje fue ganando terreno y para 1789 se cuantificaban en 28 mil. Las emigraciones de  hispanos hacia Cuba, Puerto Rico y Venezuela fueron frecuentes en la medida en que la colonia de Santo Domingo era abandonada, descuidada o negociada por la metrópolis.

Cuando vino a producirse la independencia nacional la población de la parte oriental era en su gran mayoría mestiza o mulata, pero perduraban bolsones de negros que superaban a los blancos. Pero ya entonces la composición étnica era lo que se puede comprobar hoy día, 65 por ciento mestizos, 22 por ciento negros y 13 por ciento blancos. Se trata de estimados porque desde 1960 los censos nacionales no registran color de la piel y aún cuando lo hacían, los resultados no son de fiar porque el rechazo a la negritud creó en el país unas categorías raciales muy particulares, como las de indio, indio claro, indio oscuro, indio canelo, trigueño, mestizo, criollo, mulato y moreno, pero casi nadie se considera negro. José Francisco Peña Gómez no era el negro, sino el moreno.

De lo que no hay dudas es que desde la conquista hasta nuestros días la población blanca ha sido dominante en la posesión de los grandes hatos, en la importación y exportación de todo tipo, y posteriormente en la industria y las actividades económicas modernas, aunque con  reciente participación del mestizaje. Por ello la nación se ha reivindicado de recia raigambre hispana con fuerte tendencia a desconocer la herencia cultural africana, vinculada a la esclavitud, al trabajo duro, a la pobreza, pero sobre todo relacionada con el Haití negro, el de la rebelión de los esclavos y el de la ocupación, contra el cual se pronunció la independencia nacional para ser esta nación la única del continente que no se independizó de la metrópolis colonialista.

Como sostiene Marcio Veloz Maggiolo en su obra Mestizaje, Identidad y Cultura, los negros de Santo Domingo se acogieron en gran proporción a las imágenes y cultos católicos, impuestos del conquistador dominante.

Sáez afirma que “las instituciones sociales hispánicas arraigaron en la colonia gracias a la labor de la educación y la evangelización, ambas llevadas a cabo por la Iglesia y, sobre todo, por las órdenes religiosas”.

Pero no ocurrió igual con Haití, colonizado por una Francia que no enarbolaba la cruz como bandera, y donde la cultura africana se mantuvo en mayor estado de pureza, lo que origina diferencias culturales que habrían de ser magnificadas, no sólo por autopreservación religiosa y cultural, sino también por negación de la rebelión de los esclavos que amenazaba el status quo en toda la isla.

Nos aferramos a los españoles, ensayamos con los franceses y coqueteamos con ingleses y luego con norteamericanos como forma de librarnos del peligro haitiano. Y llevamos dos siglos resaltando las afrentas de la ocupación, negándonos a aceptar que la misma quedó sellada tan pronto la incipiente dominicanidad, huérfana durante la “España boba” se alió con los restos del coloniaje francés, representado por Ferrand, y buscó la ayuda de los ingleses para intentar mantener una colonia europea en la misma isla donde los esclavos acababan de hacer trizas la dominación colonial. Y además  restaurando la esclavitud que había sido abolida tras el Tratado de Basilea.

Para la revolución triunfante en el Haití francés, tres derrotar a más de 50 mil soldados del ejército napoleónico, el intento de Ferrand era una afrenta imperdonable. Pero también su liquidación era una cuestión estratégica para la supervivencia de la primera nación independiente de la América Latina y primera república negra del mundo.

Veloz Maggiolo sostiene que “la identidad dominicana, desde el punto de vista histórico, comenzó a forjarse en la contradicción con un Estado que como el haitiano, tenía objetivos fundamentales en su necesidad de extenderse y de hacer la isla completamente parte de Haití.”

Y agrega que “sin dudas las invasiones de Dessalines y Cristóbal, en la primera década del siglo XIX, producto de un temor a la toma de posesión por Francia de la parte oriental, genera espacios de identidad nuevos.

El incendio de poblaciones enteras, la conformación de una lucha racial y los asesinatos de curas y personas de alta jerarquía social, consternación a la sociedad criolla, que se acurrucó en una necesaria identidad defensiva”.

Pero los agravios haitianos de la ocupación y su resistencia a aceptar la independencia o separación dominicana de 1844 debieron ser olvidados con la cooperación que posteriormente dieron los vecinos a la lucha por la restauración de la independencia dominicana, muestra de que en pocos años habían aceptado la realidad de que ya la isla no era indivisible. Pero además esa nueva actitud era coherente con la proscripción del colonialismo de toda la isla, objetivo fundamental de la ocupación del 1822.

El antihaitianismo –uno de los mayores traumas de la dominicanidad- que se desarrolló tras la revolución de los esclavos y durante la ocupación de 22 años, comenzó, en efecto, a disiparse con la restauración de la independencia nacional y al paso de las décadas, mientras la nación dominicana daba tumbos en la búsqueda de su gobernabilidad.

Pero el antihaitianismo sería revivido y llevado al máximo por la tiranía de Rafael L. Trujillo que lo enarboló como mecanismo de unificación e hipnotización de la sociedad dominicana para afianzar su dominación de tres décadas, traduciéndolo en sentimiento de rechazo a la negritud, y de exagerada hispanofilia que además desarrollaría un fuerte sentimiento de inferioridad racial.

“La hispanidad trujillista es una identidad postiza que sirvió para oponerse a la haitianidad, pero como pasado la autoconciencia le asigna el lugar de encuentro de una grandeza perdida”, proclama Andrés L. Mateo en su colección de ensayos Al Filo de la Dominicanidad, donde plantea que “el trujillismo descubrirá la posibilidad de una reducción sustancial de la historia: nuestro pasado es lo hispánico, la idea pura del ser nacional se reconcilia míticamente en lo hispano” .

Y agrega que  la dominicanidad levantaría la herencia hispana fundándose en la absolutización y simplificación de la historia, tendiendo un hilo conductor que hacía indiscernible lo hispano y lo dominicano.

Ideólogo y heredero del trujillismo, Joaquín Balaguer llegó a proclamar al dominicano como el pueblo de más profunda raigambre hispánica del continente, suponemos que por el exterminio de lo nativo, no obstante  ser uno de los que más componentes africanos tienen en su cultura y orígenes raciales.

Balaguer revivió el fantasma de la unificación de la isla y enarboló el antihaitianismo para despertar en las clases dominantes y sectores que se creen reencarnación de lo hispánico el miedo a lo que representaba Peña Gómez, un descendiente directo de haitianos, negro puro, que por demás se atrevía a proclamar la redención de las masas pobres, de negros y mestizos.

El drama de Peña Gómez, discriminado hasta por los propios compañeros del partido que lideraba, detenido a la puerta del palacio de gobierno, es una de las más fehacientes expresiones del racismo, del antihaitianismo y la exclusión que todavía se anida en el alma nacional.

El, que entró a casi todos los palacios de gobierno de Europa Central, recibido y admirado como negro, soñó tanto con ser blanco que hizo encontrar sus ancestros en España.

De acuerdo a José Luis Sáez “El racismo histórico, y la falta de fe en el pueblo dominicano –en la clase mayoritaria criolla, naturalmente- adoptaron nuevas formas de expresión. Ahora se hablaba del peligro del vecino del Oeste, como agente contaminador de la raza, y de la seguridad de un régimen autocrático que acabase con los vaivenes de una democracia ilusoria”.

En gente como Trujillo, un mulato que llevaba sangre haitiana por vía materna, el sentimiento racista y antihaitiano se traduce en complejo de inferioridad. Por eso el tirano auspició varios movimientos inmigratorios “para mejorar la raza”, desde España, de Hungría, de judíos errantes y hasta de japoneses.

Ese complejo de inferioridad se extiende por amplios segmentos sociales que consideran que este no es un país, sino un paisaje, que los países son los del norte, que estamos incapacitados para el orden social, porque en el fondo, la herencia negra es sinónimo de salvajismo, primitivismo y hechicería irracional. Por no tener fe en la viabilidad de la sociedad dominicana es que  hasta el 57 por ciento de la población ha dicho en encuestas que si pudiera abandonaría el país.

El antihaitianismo es todavía tan profundo que desde hace tres años se ha puesto en práctica una política de genocidio civil contra los descendientes de haitianos. No es sólo que les estamos negando la nacionalidad a los que nacen en el país, sino que la Circular  017, de la Junta Central Electoral de marzo del 2007, y un posterior reglamento, disponen que se niegue copia del acta de nacimiento a todo el que no pueda demostrar que sus padres eran residentes legales en el país al momento en que nacieran.

Miles de dominicanos de ascendencia haitiana se han visto privados de realizar los actos normales de la vida civil por esa circular y apenas voces aisladas se han levantado contra esa iniquidad. Valgan dos ejemplos, el de Andrés un ciudadano que nació en Hato Mayor el 19 de agosto de 1948, al que se le dispuso la cancelación de su registro de nacimiento 60 años después, junto a otras 125 personas, mediante el oficio 5787 de la Dirección del Registro Civil del 11 de septiembre del 2008.

El otro es el del ciudadano Rubén Jean Batiste, quien a los 38 años y con 15 de haberse graduado como profesional del magisterio, siendo subdirector del Departamento de Educación de Adultos de la Secretaría de Educación, se le negó la copia de su acta de nacimiento.

La había obtenido para la escuela primaria y la universidad, para la cédula y el pasaporte, y viajó a diferentes países. Pudo casarse y tener hijos registrados como dominicanos, pero un día, retroactivamente, se le dijo que ya no era dominicano.

Aunque somos un país de emigrantes, que ha regado más de millón y medio de sus hijos por el mundo, mostramos una soberana incapacidad para racionalizar y asumir la realidad de que también hemos sido receptores de inmigrantes, y no queremos aceptar las consecuencias de haberlos utilizado en las principales actividades económicas durante más de un siglo.

En todas partes del mundo las inmigraciones generan mezclas y conllevan derechos hasta de ciudadanía. Aquí no queremos aceptar esa extensión de la dominicanidad que son los domínico haitianos. Y tendemos a subestimar la otra extensión de la nacionalidad, la de los hijos de nuestros emigrantes, a quienes estigmatizamos como dominican-york.

El racismo ha sembrado confusión y soledad en el alma de muchachas y muchachos negros y mestizos de la geografía nacional, empeñados en plancharse el “pelo malo” para convertirlo en bueno y es lo que ha impelido a un triunfador como Sammy Sosa a blanquearse el rostro después de haber sentado sus dominios beisbolísticos hasta en la Casa Blanca y el Capitolio de Washington.

La semana pasada escuchamos un conmover testimonio de la educadora Eva Jiménez, en la despedida del sacerdote Jorge Cela, antropólogo y sociólogo, quien parte a ejercer su ministerio en Cuba. Ella nos dijo que “muchas veces decimos que los dominicanos somos españoles, pero no hablamos de nuestras raíces africanas. Con el padre Jorge yo descubrí mi identidad y empecé a no sentirme avergonzada de ser negra, a aceptarme como yo soy y a sentirme contenta con mi negritud”.

Ese sentimiento de inferioridad racial todavía se campea arrogante en los medios de comunicación, donde negros y mestizos aparecen sólo en las tareas menos apreciadas. Todavía hay empresas que prohíben a los publicistas utilizar modelos que no sean blancos en sus anuncios comerciales.

Recientemente contamos 116 fotografías de hombres y mujeres publicitando vestuarios, entre las que sólo había una mestiza y ningún negro, y estaba destinada a promover una megatienda enclavada en sectores periféricos de Santo Domingo, donde son muy escasos los blancos.

Aunque el racismo es un sentimiento proscrito en la civilización contemporánea, se puede entender que superviva en poblaciones de absoluta preponderancia de una raza, pero se constituye en un trauma cuando se registra en conglomerados tan mestizos como el dominicano.

La negación de las raíces africanas del dominicano se expresa en el hecho de que después de más de 25 años de celebración del Festival Nacional de Atabales en Sainaguá, San Cristóbal, en los meses de noviembre, todavía los organizadores tienen serios problemas para financiar una actividad festiva tan masiva y popular.

Es que las empresas y las autoridades rehúyen asociarse a una actividad de esa naturaleza, vinculada al espiritismo y que a veces evoca las deidades africanas. Aunque los tambores, toques y bailes de palos hace tiempo que han sido adoptados en las comunidades religiosas católicas, no sólo del sur y el Cibao, próximos a la frontera con Haití, o en los grandes asentamientos negros de la periferia capitalina, como Villa Mella, Haina o Los Mina, sino también en las profundidades de El Seibo y Hato Mayor.

Decía  Neruda en su canto a Santo Domingo que:

“Aunque hace siglos de esta historia amarga

Por amarga y por vieja se la cuento

Porque las cosas no se aclaran nunca

Ni con el olvido ni con el silencio”.

El racial es un trauma no suficientemente dilucidado en la conciencia de la dominicanidad, traducido a complejo de inferioridad y se arraiga en el subconsciente como un fatalismo que conduce a pensar que somos incapaces de organizarnos como sociedad, y a sostener que los mejores no triunfan en esta sociedad, llámense trinitarios, Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Francisco Espaillat, Juan Bosch o Peña Gómez.

Los trinitarios sólo fueron buenos para hilar sueños independentistas y echarlos a caminar sobre los hombros de esa pequeña burguesía ilustrada que representaban. Pero tan pronto se produjo el trabucazo y emergió el primer gobierno autónomo los fundadores empezaron a ser perseguidos. Duarte exiliado para siempre, apenas meses después, Francisco del Rosario y María Trinidad Sánchez, fusilados y los demás relegados.

Los hateros que no tenían fe en la viabilidad de la República se apropiaron de ella para luego ofertarla y reanexarla, obligando a otra guerra de liberación.La historia de anarquía de la República tuvo una expresión dramática en los 56 gobiernos que la historiadora Mu Kien Sang Ben documentó en los 56 años de independencia del siglo 19, a  un promedio de uno por año, o 100 gobiernos en los primeros 150 años de la historia dominicana.

El cálculo se complejiza  si tenemos en cuenta que cuatro dictadores, Buenaventura Báez, Ulises Hereaux, Rafael Trujillo,  Joaquín Balaguer, y la ocupación norteamericana de 1916-24 gobernaron la nación en más de la mitad de esos 150 años.

En otras palabras que la nación se ha debatido entre la anarquía y la tiranía, generando otro trauma en el alma nacional, consistente en la generalizada convicción de que estamos incapacitados para el orden y que sólo nos encarrilamos mediante la imposición autoritaria. Por eso en las tribulaciones que genera la creciente inseguridad de la delincuencia y el narcotráfico hay quienes se atreven a invocar el espíritu de Trujillo.

La realidad histórica da pie a esa creencia traumática. Aunque en los últimos cincuenta años ha sido persistente la lucha por superar esos estadios  de barbarie,  el atraso y los intereses de las clases dominantes determinaron la frustración del primer proyecto de gobierno democrático del siglo 20 y la guerra fría generó una nueva ocupación norteamericana que frustró una gesta que debió marcar un salto hacia una mejor organización social y política.

Ese autoritarismo, ampliamente justificado en el alma de las mayorías y hasta por figuras religiosas y editorialistas de periódicos, es el responsable de que la Policía Nacional haya realizado más de tres mil ejecuciones sumarias de delincuentes, supuestos delincuentes y muchísimos inocentes, superando con creces las penas de muerte dictadas en las naciones donde esa drástica sanción está instituida con garantías de defensa en juicios públicos y contradictorios en dos y tres instancias judiciales.

Sólo entre el 2008 y el 2009 se contaron más de 900 personas muertas a manos de la Policía Nacional, en su mayoría menores de 25 años, pobres, negros y mestizos de los barrios marginales.

Es el mismo autoritarismo que ha pretendido justificar las matanzas  a lo largo de nuestra historia. El que quiso justificar el exterminio indígena a nombre de la evangelización, llegando al absurdo de que la Virgen de las Mercedes devolvía a los indios las flechas que ellos disparaban contra los que los despojaban de sus tierras y pertenencias.

Es el autoritarismo que justificó el tráfico de esclavos y el que pretendió justificar las torturas y asesinatos masivos de los que desafiaron las dictaduras, como los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Manolo Tavarez Justo y los sublevados contra el golpe de Estado de 1963 y el héroe de la dignidad nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Como planteó Jorge Cela al presentar la obra de Sáez varias veces citada, “Nuestro proyecto como pueblo dominicano tiene que construirse sobre la base de nuestra historia, nacer de nuestra identidad. Las utopías con que soñamos nacen del baúl de nuestros recuerdos, que recomponemos con imaginación atrevida y lanzamos hacia el futuro para darle norte a nuestros esfuerzos. Sólo cuando hay algo de lo que somos en lo que queremos ser somos capaces de alcanzarlo”.

Santo Domingo, 10 de marzo de 2010